El canciller del gobierno en disputa de Venezuela Jorge Arreaza anunció que su país está construyendo una "arquitectura alternativa" para enfrentar las nuevas sanciones, pero admitió que será "más difícil" y "costoso" diseñar los "caminos alternativos".
Desde la sede de la Cancillería, Arreaza informó que la administración de Nicolás Maduro está trabajando con los gobiernos aliados para definir las vías alternas, aunque no ofreció detalles de los planes ni dijo qué países estarían participando.
Luego que EE.UU. anunciara la congelación de activos de Venezuela, el ministro Arreaza acusó a Washington de buscar transformar a Venezuela en su "territorio de su guerra geopolítica contra Rusia y contra China" y de tratar de "implosionar" el proceso de diálogo impulsado por Oslo.
Arreaza descartó que el gobierno de Maduro vaya a salir del mecanismo de negociaciones y anunció que "vendrán importantes noticias de acuerdo de ese diálogo" si ese proceso no se afecta.
Al preguntarle sobre el impacto de las medidas, el canciller dijo que bienes que superan los 30.000 millones de dólares se verán afectados por las sanciones, incluidos unos 8.000 millones de dólares de la petrolera Citgo, hecho que consideró como el "robo del siglo".
Anteriormente, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez dijo que Estados Unidos busca afectar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición promovido por Noruega.
Rodríguez declaró el martes que la orden estadounidense de congelar los bienes del gobierno de Nicolás Maduro es un ataque a la propiedad privada y una amenaza al orden mundial.
Estados Unidos busca "amedrentar a países aliados, a proveedores" del gobierno venezolano, denunció la vicepresidenta en una transmisión de la televisora estatal.
"Ningún país está a salvo. Todos están sujeto a este tipo de agresión y de guerra no convencional", sostuvo la vicepresidenta al advertir que con el embargo de Washington pone en peligro la "legalidad internacional" y el respeto a la propiedad.
Anunció que Venezuela acudirá a instancias internacionales para ejercer su "defensa legítima" contra lo que consideró sanciones "ilegítimas" e "ilícitas".
Las compañías extranjeras que hagan negocios con el gobierno de Maduro podrán ser sujetas a represalias en Estados Unidos según la medida adoptada por el gobierno norteamericano el lunes por la noche.
Rodríguez añadió que todo país que tenga inversiones en Estados Unidos debe estar preocupado porque, según dijo, la medida sienta un precedente peligroso contra la propiedad privada.
Además denunció que la medida estadounidense causará sufrimiento entre el pueblo venezolano, que ya debe lidiar con una profunda crisis económica que azota al país suramericano con una desbocada hiperinflación de seis dígitos y una severa recesión.
El impacto de las sanciones en la vida real de los venezolanos es algo que está por verse. Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos, medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela también eludieron las sanciones, aunque es posible que incluso las transacciones legítimas resulten afectadas debido a que Estados Unidos, las compañías y bancos extranjeros muestran un exceso de precaución.
Las Naciones Unidas dijeron el martes que toman nota de las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela pero que la prioridad es mantener la ayuda humanitaria para ese país sudamericano.
“Es muy, muy importante darle la prioridad a las necesidades humanitarias del pueblo venezolano”, declaró el vocero del organismo mundial Stephane Dujarric.
Añadió que “hay principios humanitarios muy claros a nivel internacional, lo que significa que hay que permitir la entrada de la ayuda humanitaria para que llegue a quienes más la necesitan”.
Enfatizó que la organización está trabajando en Venezuela en base a los principios internacionales para asegurar el envío de la asistencia a los necesitados, entre ellos niños y madres.
