Dulce Guerrero, de 18 años, es la principal organizadora de una marcha que el 28 de junio conducirá a los jóvenes de la secundaria a que revelen sus historias como inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Pero antes siquiera de que se produjera la marcha convocada para hoy, un juez federal bloqueó partes clave de la ofensiva legislación contra la inmigración ilegal de Georgia que entra en vigor el 1 de julio.
El juez Thomas Thrash emitió una medida cautelar que impide que Georgia autorice a funcionarios de la policía a interrogar presuntos delincuentes sobre su estado inmigratorio.
Además, Thrash bloqueó partes de la medida impulsada por republicanos, que convertiría en delito albergar a sabiendas o transportar a un inmigrante ilegal.
"El aparente intento legislativo es de crear tal clima de hostilidad, temor, desconfianza e inseguridad para que todos los inmigrantes ilegales dejen Georgia", escribió Thrash en su fallo.
Los jóvenes hispanos de todo Estados Unidos pudieron leer las declaraciones del periodista José Antonio Vargas que recibió el Premio Pulitzer y trabajó en varios medios de renombre, como The Washington Post, pese a su situación de inmigrante indocumentado.
Este destape ha animado a otros a seguir sus pasos bajo el mensaje de que "no tienen papeles ni temor". Así está planeado que suceda también en la marcha hacia el Congreso estatal de Georgia, encabezada por Guerrero, que mantuvo en secreto que era una inmigrante ilegal hasta que su madre pasó dos noches en prisión por un incidente con su vehículo.
En Georgia
Georgia debate una ley migratoria que criminaliza la estadía indocumentada y otorga poderes extraordinarios a las policías locales para arrestar a extranjeros sin papeles de estadía legal.
Los opositores a la ley exigen que se declare inconstitucional antes de que entre en vigor el próximo 1 de julio, pero la querella que presentaron ante el juez federal surtió efecto antes de cumplir con el plazo.
Varias organizaciones, entre ellas la Unión de Libertades Civiles, la Liga Anti-Difamación y la Asociación de Abogados de Inmigración de EE.UU., así como los gobiernos de 12 países latinoamericanos han presentado argumentos en respaldo a los demandantes.
Además de otorgar poderes especiales, la ley también sanciona a las personas que, mientras cometen otro delito, transporten o alojen a indocumentados, y convierte en delito grave la presentación de documentos falsos o de información falsa en las solicitudes de empleo.
El último reporte de la Oficina del Censo emitido el jueves reveló que la población hispana en Georgia casi se duplicó en los últimos 10 años. Los números muestran que unas 865,689 personas que se identificaban como hispanos vivían en el estado en 2010, una cifra comparada con las 435,227 personas que lo hicieron en 2000.
El número representa un incremento de 96,1%.
En Alabama
Una enorme multitud vestida de blanco y con velas marchó el sábado 25 de junio en una protesta silenciosa en rechazo a la nueva ley de Alabama contra la inmigración ilegal.
Los participantes luchan por impedir que se promulgue una ley que recuerda las largas décadas de segregación racial que aislaron al estado de Alabama, causándole severos daños de los que aún hoy se recupera.
