Más de 1.000 personas se han declarado culpables o fueron ya condenadas por cargos federales de defraudar a los programas de ayuda por el COVID-19 que el Congreso de Estados Unidos estableció en los primeros días de la pandemia. Y más de otras 600 enfrentan cargos federales de fraude.

Pero eso es solo el comienzo, según los investigadores que testificaron el miércoles ante un comité del Congreso cuando los republicanos de la Cámara marcan el comienzo de lo que prometen será una supervisión agresiva de la administración del presidente Joe Biden.

James Comer, Presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara, abrió la audiencia diciendo: “Le debemos al pueblo estadounidense llegar al fondo del mayor robo de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la historia. Debemos identificar a dónde fue a parar este dinero, cuánto terminó en manos de estafadores o participantes no elegibles, y qué se debe hacer para asegurarse de que nunca vuelva a suceder."

El Congreso aprobó alrededor de $4,6 billones de dólares en gastos de seis leyes de alivio del coronavirus, a partir de marzo de 2020 cuando Donald Trump era presidente.

Los demócratas respondieron diciendo que mantuvieron a millones de personas fuera de la pobreza y salvaron vidas.

Según la Oficina para la Responsabilidad del Gobierno, se perdieron 60.000 millones de dólares en pagos fraudulentos. Michael Horowitz, presidente del Comité de Responsabilidad de la Respuesta a la Pandemia, dijo a los legisladores: "El gobierno federal necesita acuerdos de intercambio de datos entre agencias más sólidos para mejorar la administración del programa, reducir los pagos indebidos y el fraude de identidad, y prepararse mejor antes de que llegue la próxima crisis".

Según los investigadores, los esfuerzos para recuperar los activos robados y responsabilizar a los delincuentes por el fraude pandémico continuarán en los próximos años, mientras las investigaciones siguen adelante y más casos emergerán seguramente.