Los exconvictos de delitos graves en Florida tendrán que pagar obligaciones financieras dispuestas por un tribunal si desean la restitución de su derecho a votar de acuerdo con una ley promulgada el viernes por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Durante la sesión legislativa de principios de año, los demócratas arguyeron que obligar a quienes completaron sus sentencias de prisión y libertad condicional a que también paguen gastos judiciales y multas contraviene el espíritu de la enmienda constitucional que los electores aprobaron en noviembre.
La enmienda que restituye el derecho a votar a los expresidiarios que no hayan sido condenados por homicidio ni delitos sexuales fue aprobada por 64,5% de los electores. Sin embargo, se establece que los convictos deben haber cumplido sus condenas, y los republicanos interpretaron que debe incluirse indemnización, gastos judiciales, multas y honorarios impuestos por un juez en la sentencia.
DeSantis reiteró esa interpretación en un memorando que acompañó a la nueva ley.
“El proyecto de ley 7066 del Senado enumera una lista uniforme de delitos que deben caer en las categorías excluidas y confirma que la enmienda no se aplica a los convictos que no hayan cumplido todas las condiciones de sus sentencias”, escribió DeSantis.
Los demócratas dijeron que la medida crea un obstáculo que no estaba en la mente de los electores cuando aprobaron la enmienda. También argumentaron que la intención original de prohibir el voto a los expresidiarios era suprimir el voto de las minorías, porque históricamente éstas han tenido tasas desproporcionadas de convictos por delitos graves.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y otros grupos que han apoyado la restauración del derecho a votar a los exconvictos presentaron el viernes una demanda federal en que impugnan la nueva ley estatal.
“Se supone que poco más de un millón de habitantes de Florida debían reclamar su lugar en el proceso democrático, pero algunos políticos claramente se sienten amenazados por una mayor participación de electores. Ellos no deben añadir legalmente una etiqueta con un precio al derecho de voto de nadie”, dijo Julie Ebenstein, abogada de la ACLU.
