El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó el sábado que la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA) involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) e implicó “operaciones paralelas” con cargas de crudo en buques, sin “ningún tipo” de control administrativo ni garantías, “incumpliendo con las normativas de contratación”.
“Una vez comercializado el crudo asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a PDVSA, ahí es donde estamos viendo el daño patrimonial, la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos, estamos viendo de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron”, dijo.
Saab también informó que se determinó que la red utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, por medio de adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles, inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario y demostrando un “estilo de vida que no corresponde a ningún funcionario público”.
El fiscal añadió que se captaba a jóvenes para incluirlos en la red de lavados de activos y que estos eran premiados “con una vida desmedida suntuosa, ilegal y criminal”.
Los detenidos serán imputados por apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación. A los funcionarios públicos, además, se le sumará el delito de traición a la patria.
En rueda de prensa este sábado, a través del canal del Estado, fue divulgado un video en el que se aprecian algunos de los arrestos, depósitos donde se ubicaban máquinas utilizadas para la minería de bitcoin y operativos de incautación de bienes, entre ellos aviones, edificios y flotas de vehículos.
“Ya están a buen resguardo los bienes de estos sujetos obtenidos de manera ilícita, es una recuperación importante”, insistió.
El fiscal evitó precisar cifras puntuales sobre el daño patrimonial argumentando que se encuentran en una “fase de investigación”.
¿Quiénes son los detenidos y por qué?
Saab precisó que diez funcionarios y once empresarios fueron detenidos por la trama de corrupción.
Los funcionarios son: Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y a quien señaló como “jefe principal” de la estructura de corrupción; Joselit Ramírez Camacho, ahora ex superintendente de la Sunacrip, quien figura en una lista del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU de buscados por “lavado de dinero y evasión de sanciones”.
Además, el ahora ex parlamentario Hugbel Roa, quien según explicó el fiscal usaba su condición de diputado de la Asamblea Nacional para gestionar la asignación de contratos de carga de crudo a operadores que luego no pagaban y a quien calificó como “uno de los más desfachatados de la banda criminal”.
José Agustín Ramos, Yamil Alejandro Martínez, Oduardo José Bordones, Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar, funcionarios de la vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA, con cargo de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior, detalló el fiscal.
También fueron detenidos Rajiv Alberto Mosqueda y Reny Gerardo Barrientos, ambos funcionarios de la Intendencia de Minería Digital.
Los empresarios son Manuel Meneces, a quien identificó como operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Roger Martínez, “coordinador de las operaciones financieras y enlace entre funcionarios públicos y empresarios asociados”; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, “hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar criminales”.
Además, Daniel Prieto, “empresario asociado y operador financiero a nivel nacional e internacional que fue detenido en República Dominicana por requerimiento del Estado venezolano.
También mencionó a Cristopher Barrios, Joana Torres, Alejandro Arroyo, Bernando Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.
“Todos vinculados a esta red de corrupción, con la misma modalidad, lavar dinero, legitimar capitales, se les asignaban contratos millonarios que casi nunca cumplían, incluso desde que Hugbel Roa era ministro de Alimentación”, especificó Saab.
Orden de aprehensión
Saab anunció que fueron liberadas órdenes de aprehensión para once personas más: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, “hermanos como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar capitales obtenidos ilícitamente”; William Ribas, Ximena Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvanis Gaspari, Railyn Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yurabic Ravelo, respecto a estos últimos no especifico cómo están implicados.
“Aparecen vinculadas varias de estas damas que aparecen como captadoras para legitimar capitales por estos sujetos”, agregó.
Alcalde
El fiscal hizo especial mención a Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua en el centro del país, detenido por su vinculación con “el Conejo”, uno de los criminales más buscados en Venezuela y quien fue abatido esta semana según confirmó el viernes el ministro de Interior, Remigio Ceballo.
“Este alcalde financiaba y apoyaba con recursos del Estado fiestas, eventos públicos y material logístico de grupos delincuenciales, entre ellos el de este sujeto (…) la máxima pena le va a recaer a este grupo de personas”, aseguró.
Respecto al alcalde, Saab lo señaló de tener vinculación directa con el criminal Héctor Guerrero, alias “el niño Guerrero”, quien dirige “células terroristas a nivel internacional” en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
El alcalde fue imputado por los delitos de extorsión agravada, terrorismo, obstrucción de la libertad de comercio, asociación para delinquir agravada, legitimación de capitales y traición a la patria.
Sistema judicial
El fiscal reiteró que el abogado Cristóbal Cornieles Perret, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y José Mascimino Márquez, juez cuarto de Control con competencia en casos vinculados en delitos de terrorismo, fueron detenidos por haber eliminado cargos y otorgada medida sustitutiva a Cheremo Carrasquel, un hombre procesado como integrante del Ten del Llano, un grupo de delincuencia organizada.
Confirmó también que, en el estado Falcón, el abogado Bracho Gómez, fue detenido por haber acordado la entrega de vehículos automotores que eran objetos de una medida cautelar de incautación.
Gobierno interino
Respecto a miembros del extinto gobierno interino, Saab recordó que han abierto aproximadamente unas 22 investigaciones por delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, corrupción y traición a la patria, entre otros.
“Hemos logrado 288 ordenes de aprehensión, han sido y detenidas y acusadas 129 personas, aquí no ha habido impunidad contra este sector llamado gobierno interino, hay 13 personas con solicitud de extradición, 63 personas han sido condenadas y se han practicado 137 allanamientos y 149 incautaciones. Hay un resultado importante”, expuso.
Según Saab, desde agosto del 2017 el MP ha investigado 31 tramas vinculadas a la lucha contra la corrupción, particularmente a la industria petrolera, lo que ha dejado 194 personas judicializadas y procesadas y 75 condenadas.
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