La fiscalía de Venezuela acusó el lunes a la abogada y activista de DDHH, Rocío San Miguel y a cinco de sus familiares de estar presuntamente involucrados en tramas de conspiración contra el gobierno.
El fiscal general, Tarek William Saab, anunció el lunes por la noche que la audiencia de presentación estaba en desarrollo en un tribunal contra el terrorismo y precisó que San Miguel, experta en temas de seguridad de 57 años, fue señalada de haber cometido los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación.
Los abogados de San Miguel informaron el martes por la noche que fue decretada medida de privación de su libertad y que el sitio de reclusión será el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el Helicoide, en Caracas.
Previamente alertaron que durante la audiencia de presentación la activista no contó con abogados de su confianza que le garantizaran el derecho a la asistencia legal, como parte del debido proceso que contempla la Constitución venezolana.
Saab también informó que Alejandro González, vinculado al entorno familiar de San Miguel, fue acusado por los delitos de “revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación”. Su lugar de reclusión será la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
El fiscal anunció además que otras cuatro personas se mantendrán bajo régimen de presentación.
Saab no precisó los nombres de las personas, pero, horas antes, familiares y el equipo legal de San Miguel denunciaron que su hija, Miranda Díaz San Miguel; el padre de la joven, Víctor Díaz Paruta; sus hermanos, Miguel Ángel San Miguel y Alberto San Miguel, y Alejandro González, se encontraban en situación de desaparición forzada.
Luego, los abogados de San Miguel confirmaron que los cuatro familiares de la activista fueron excarcelados “bajo medidas de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dar declaraciones a los medios".
Saab denunció el martes lo que calificó como una “feroz campaña” desde el exterior contra el sistema judicial y el Estado venezolano por parte de sectores que “han amparado” intentos de magnicidio y golpes de Estado en Venezuela.
Dicha campaña “pretende menoscabar las investigaciones en curso buscando generar impunidad al atacar e intentar deslegitimar acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo”, manifestó Saab en un comunicado.
San Miguel fue detenida el viernes en Aeropuerto Internacional Simón Bolívar cuando se disponía a tomar un vuelo comercial junto a su hija.
A mediados de enero el gobierno denunció haber desmantelado al menos cinco planes conspirativos. De acuerdo al fiscal, al menos 36 personas han sido detenidas.
Tres colaboradores de la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado, fueron detenidos y vinculados con una de las tramas de conspiración. Sus abogados afirman que hasta la fecha se mantienen en situación de desaparición forzada.
John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo el martes que el gobierno de EEUU está preocupado por la detención de San Miguel y reiteró que el presidente Nicolás maduro debe cumplir con sus compromisos, en referencia a los acuerdos firmados en Barbados con la oposición venezolana.
La Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, expuso que sigue con “profunda preocupación” la detención de la activista y reiteró que, debido a que su paradero sigue siendo desconocido, su detención podría calificar como desaparición forzada.
“Instamos a su liberación inmediata y el respeto a su derecho a la defensa legal”, dijo en un mensaje en X.
En varias ocasiones desde que asumió el cargo, Türk ha pedido la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria.
La Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que es desconocida por el gobierno venezolano, afirmó que la situación de San Miguel no forma parte de un incidente aislado, sino de “una serie de hechos que parecen formar parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a quienes se percibe como opositores”.
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