Un juzgado salvadoreño envió el lunes a juicio al exministro de la Defensa Nacional, general en retiro David Munguía Payes, por su supuesta participación en la tregua entre las pandillas con la que el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) buscó disminuir el índice de homicidios en el país centroamericano.
Munguía Payes también ejerció de ministro de Justicia y Seguridad de Funes, y mantuvo esos cargos en el siguiente gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-19), ambas administraciones del exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El juzgado decidió revocar el arresto domiciliar y ordenó que Munguía sea enviado a prisión preventiva para evitar una posible fuga, mientras enfrenta el proceso por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Una de las fiscales del caso dijo que se presentaron las pruebas que confirman que durante su gestión Munguía facilitó los medios para que las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), pandillas 18 Revolucionarios y Sureños, recibieran beneficios a cambio para bajar el índice de los homicidios.
La fiscalía asegura que Munguía fue quien montó y estructuró la tregua de las pandillas y que el expresidente Funes se enteró de que en ese proceso hubo violación a las leyes, pero no hizo nada para detenlo, sino que por lo contrario lo avaló, agrega.
Funes, que también está siendo procesado en este caso, se encuentra en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibió asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega, mientras se desarrollaba un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido la orden de que fuese capturado.
En julio de 2019, el gobierno de Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a Funes evitando así cualquier proceso de extradición.
Munguía también está siendo procesado por presunto enriquecimiento ilícito. Además, se le enjuicia junto a otro exministro de Defensa, el general José Atilio Benítez, un coronel y el empresario Gustavo López Davidson, expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), por una supuesta estafa al Estado en un negocio de armas con la fuerza armada.
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