El ex ministro de Gobierno de Bolivia y hombre de confianza del expresidente Evo Morales, Carlos Romero, fue imputado por la Fiscalía en un caso de corrupción dentro de la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, dependiente de esa cartera de Estado.
El caso aún se encuentra en investigación, pero el fiscal Germán Larrea informó que existen los suficientes indicios para inculparlo por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
“El nombramiento de algunos funcionarios que han favorecido a que se plasmen estos contratos con las empresas horizontales, entonces ha tenido algo que ver con algunos funcionarios y ha ejercido las influencias”, expresó Larrea.
Romero fue arrestado el martes 14 de enero por cargos de corrupción. Estuvo en un centro médico donde fue dado de alta después de que el miércoles se conoció que está clínicamente estable, según informó el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia. Había sido ingresado tras el arresto debido a un cuadro de deshidratación severa.
El exministro ha dicho que es un “perseguido político”.
“Es una detención ilegal, es una injusticia, soy un perseguido político, han fraguado una pieza judicial de otro proceso (…) Temo por mi vida”, ha dicho Romero.
Por su parte, Franco Barrientos, dirigente de Juventudes del Trópico, organización que respalda al expresidente Evo Morales, se pronunció sobre este caso.
“Nosotros como juventudes del trópico, no podemos proteger a nadie, la ley debe ser para todos por igual, debe ser imparcial (…). No podemos decir específicamente que es una injusticia o si lo es, por lo tanto, si realmente él ha hecho algo malo se debe juzgar tal y como tiene que ser”, afirmó Barrientos.
Andrés Zúñiga, abogado del exministro Carlos Romero, advirtió que enviar a su defendido a la cárcel es poner en riesgo su vida debido a que en el ejercicio de sus funciones se enfrentó a grupos criminales y de narcotraficantes.
La Fiscalía pide su reclusión en el penal de San Pedro de La Paz.
