![Sin evidencias, el equipo legal y la campaña del mandatario Donald Trump persisten en acusar de "fraude" a las autoridades electorales en varios estados. [Foto del 4 de noviembre de 2020]](https://gdb.voanews.com/bec6122c-c6b7-4a5f-af71-68ed420cc631_w250_r1_s.jpg)
A una semana de las elecciones para elegir al presidente de Estados Unidos, en las que el candidato demócrata Joe Biden se proyecta como presidente electo, el aún presidente Donald Trump espera reunir una cantidad de pruebas suficientes para impugnar los resultados ante la Corte Suprema de Justicia.
Las acusaciones de Trump, hasta ahora infundadas, hablan directamente de “fraude electoral”. Las demandas presentadas por su equipo de campaña contra los estados de Michigan y Pensilvania perseguían que se detuviera el conteo de los votos, lo que fue rechazado por las respectivas cortes estatales. Además, ya se ha anunciado que se solicitará un recuento de las boletas electorales en algunos estados, una vez finalice el escrutinio.
El pasado viernes, el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, ordenó a Pensilvania separar los votos que llegaron después de las elecciones del 3 de noviembre. Aún así, la campaña del presidente Donald Trump no logró detener allí el conteo de los votos. Demandas similares, presentadas en otros estados, fueron desestimadas.
Recuento de votos
El primer paso sería lograr que se proceda al recuento de los votos, algo que ya ha sucedido en elecciones estatales.
La campaña de reelección del mandatario Trump anunció que el representante Doug Collins liderará los esfuerzos para lograr un recuento en Georgia, estado donde el equipo legal del presidente, insiste, hubo irregularidades en la votación.
"No existe una ley que permita la suspensión arbitraria del conteo de votos en todo el país o incluso en un estado en particular, por lo que no habría base legal para buscar ese alivio", dijo a la Voz de América Kim Wehle, profesora de derecho en la Universidad de Baltimore y autora de 'Lo que necesita saber sobre la votación y por qué'.
Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de proceder con un recuento, es determinar quién corre con los gastos, puesto que se trata de un proceso costoso que puede mermar o superar los fondos legales de un equipo de campaña.
Este punto varía en cada estado, pero, por ejemplo, en el caso de Wisconsin, donde el mandatario ya ha exigido el recuento, el estado sólo paga la factura si la diferencia entre ambos candidatos es inferior a un 1%. Según cálculos del diario The New York Times, un recuento de votos en Wisconsin podría costarle a Trump unos 3 millones de dólares.
La potestad de los estados
Los estados tienen una fecha límite para certificar sus elecciones, que oscila entre el 23 de noviembre y los días finales de ese mes, ya que a mediados de diciembre deberían estar listos los resultados.
Sin embargo, a partir de la disputa entre Bush y Gore en el año 2000, el entonces presidente de la Corte Suprema, William Rehnquist, junto con otros magistrados, redactaron una ampliación de los poderes que dio "motivos adicionales", por los que se decidió el recuento de votos de Florida.
Cuando la Corte Suprema de un estado se pronuncia sobre una polémica judicial estatal, la misma no puede ser apelada ante la Corte Suprema de EE.UU., pero la “opinión concurrente” de Rehnquist permitió cuestionar la interpretación de la Corte Suprema de un estado sobre su propia ley electoral.
El argumento de Rehnquist se basó en que cuando un tribunal estatal o gobernador interfiere en las leyes electorales aprobadas por la legislatura, como ocurrió en Florida, esto atenta contra la Constitución, lo que da pie a que la Corte Suprema federal intervenga para ayudar a preservar el poder de la legislatura estatal sobre la forma en que el estado celebra sus elecciones presidenciales.
De todos modos, el precedente fue negativo para la máxima instancia de la justicia estadounidense, aseguran expertos, debido a que interfirió directamente con una decisión estatal y por ello, habría lacerado la Constitución.
Paso final en la Corte Suprema
La Corte Suprema, el máximo tribunal de la justicia estadounidense, cuenta con jueces con experiencia en una disputa electoral, como la ocurrida en el año 2000 entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore. Aunque el presidente Donald Trump ha pedido persistentemente que sus denuncias lleguen a este alto tribunal, el debido proceso señala que son las cortes estatales las que deben pronunciarse sobre cada una de las denuncias, hasta ahora, casi todas infundadas.
Sin embargo, luego de interpuestas las demandas, Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Trump, dijo el domingo, de nuevo sin evidencias, que la decisión queda en manos de la Corte Suprema.
"Hay pruebas contundentes de que se trataba de una elección que -en al menos tres o cuatro estados, y posiblemente en 10- fue un robo", afirmó Giuliani.
Los cuestionamientos se han centrado principalmente en torno a tres pilares: las papeletas de votación por correo que llegaron después del día de las elecciones; las acusaciones de que, presuntamente, se recibieron boletas de personas fallecidas y supuestos fallos técnicos de software que habrían otorgado votos de Biden a Trump -algo que ha sido refutado y aclarado por las autoridades locales- y, por último, la queja que el mismo Giuliani hizo pública de que a los observadores republicanos se les impidió supervisar los comicios en varios estados, algo que también ha sido desvirtuado por autoridades electorales estatales.
Si los casos son aceptados ante la Corte Suprema de Justicia, existe un motivo de preocupación entre los demócratas, tres de los actuales magistrados del Tribunal Supremo -el presidente de la Corte, John Roberts, además de la recién nombrada Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh- trabajaron como asesores legales en la disputa del año 2000. Su trabajo consiguió que la Corte fallara a favor de los republicanos lo que validó la elección del expresidente George W. Bush.
Su consuelo está en que, hasta el momento, ni Trump ni su campaña han mostrado evidencias del supuesto “fraude” o “robo” electoral. Por el contrario, autoridades locales, organismos internacionales e, incluso, algunos miembros del Partido Republicano han descartado que se hayan producido irregularidades graves que incidan en el resultado final de la elección.
