La administración Trump ha emitido unas 400 órdenes ejecutivas que dramáticamente han cambiado el sistema de inmigración de Estados Unidos. Algunas de esas órdenes están bajo escrutinio al acercarse las elecciones del 3 de noviembre.
Separación familiar
Una tormenta se desató al reportarse que el gobierno estadounidense ha perdido el rastro de los padres de unos 545 niños inmigrantes separados en la frontera entre México y Estados Unidos, bajo una ahora desaparecida política del presidente Donald Trump de “cero tolerancia” con los que cruzaban ilegalmente la frontera.
Defensores de los inmigrantes dicen no saber dónde están los niños porque sus padres, que fueron deportados a sus países de origen, no pueden ser encontrados.
"[Los niños] ya no están bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional, ni del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, ni bajo la custodia del gobierno”, dijo Lee Gelernt, de la unidad de derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. “Ellos fueron patrocinados externamente. Y eso podría significar que los niños están con un pariente quien, quizás, tengan suficiente suerte de conocer. Podría ser un pariente lejano a quien no conocían. Pero también podría ser un extraño en una familia temporal en Estados Unidos. Y ya han pasado tres años”.
Una declaración del Departamento de Seguridad Nacional dijo que las autoridades aún no han logrado identificar “a una familia que quiera reunirse con sus niños en su país de origen”.
Gelernt dijo que de ser encontrados, los padres de los niños afrontan horribles opciones “de ser separados permanentemente o de llevar a los niños de nuevo al peligro [en sus países de origen] en lugar de traer al padre de regreso a Estados Unidos”.
Un juez federal ordenó el año pasado que se reuniera a los niños con sus padres separados bajo un programa piloto de 2017 que coincidió con los esfuerzos iniciales de la administración Trump para limitar la entrada a los solicitantes de asilo por la frontera sur de Estados Unidos.
Casos en la Corte Suprema
La Corte Suprema fijó para el 30 de noviembre una audiencia en la que escuchará argumentos sobre la política de Trump de excluir a los indocumentados del conteo del censo estadounidense, el cual acaba de concluir. Entre sus muchas funciones, el censo es usado para determinar cuántos representantes debe tener cada estado en el Congreso.
Por otra parte, el próximo año la Corte Suprema ha aceptado escuchar dos casos sobre políticas relacionadas con la frontera sur de Estados Unidos. Una de ellas tiene que ver con el uso de la administración Trump de fondos federales para pagar por la construcción de varias millas del muro fronterizo, una promesa clave de campaña del presidente Trump y una iniciativa que el Congreso reiteradamente se rehusó a financiar.
El segundo caso tiene que ver con la política de Trump de “Permanecer en México”, un programa que obliga a los solicitantes de asilo político a esperar una respuesta a su caso del lado mexicano de la frontera.
Reglas de Asilo
El Departamento de Seguridad Nacional recientemente propuso una regla que bloquea a ciertas personas de recibir asilo político, incluyendo a delincuentes convictos y aquellos que han sido declarados culpables de entrar ilegalmente a Estados Unidos.
La propuesta también bloquearía a aquellos que dieron refugio a inmigrantes indocumentados, que tuvieron en su poder sustancias ilegales, que usaron documentos de identidad falsos o recibieron fraudulentamente beneficios públicos.
Bajo la normativa, no se harían excepciones a inmigrantes cuyos historiales delictivos muestren que algún caso fue sellado por orden judicial.
Bajo las leyes actuales de inmigración, quienes busquen asilo político pero no soliciten dicho estatus dentro de un plazo de un año después de ingresar a Estados Unidos, tienen prohibido recibirlo. Aquellos declarados culpables de un crimen serio, incluyendo actividades terroristas, también tienen prohibido recibir asilo.
Está previsto que la nueva regla entre en vigencia en noviembre.
Deportaciones agilizadas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que procederá con las “remociones expeditas”, un proceso agilizado de deportación que prohíbe que ciertos inmigrantes puedan presentar un caso para permanecer en Estados Unidos ante un juez de inmigración.
"Nuestra habilidad para implementar esta importante herramienta nos permitiría proteger nuestras comunidades y preservar la integridad de las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso", dijo en una declaración, Tony Pham, un funcionario de alto rango desempeñando las funciones del director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Los inmigrantes cargan con responsabilidad de “demostrar ante el oficial de inmigración que ellos no deberían ser deportados rápidamente”, dijo Pham.
La política aplicará la remoción expedita a inmigrantes indocumentados detenidos en cualquier parte del país, si los agentes de deportación concluyen que han vivido en el país por menos de dos años y que ni fueron admitidos legalmente ni recibieron un estatus que les permita vivir legalmente en el país.
