Una jueza federal ratificó una nueva ley estatal que eliminará los centros privados de detención de inmigrantes en California.
La decisión se tomó, tras una batalla legal entre la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y una corporación penitenciaria de California. La jueza dictaminó que la ley, la AB32, es constitucional.
La victoria legal es celebrada por defensores de inmigrantes en California, como Grisel Ruiz, abogada de la organización Immigrant Legal Resource Center, y quien formó parte de una coalición de defensores de inmigrantes que impulsó la ley, aprobada en el 2019.
“Eso significa que la AB32 sigue siendo la ley y que algún día estos centros de detención van a cerrar”, dijo la abogada, quien agregó que “es muy importante hacer una ley de este tipo en California, porque lo que hace California puede influenciar a otros estados también”.
Por su parte, la abogada Jaclyn González afirmó que la ley es necesaria: “el propósito de los legisladores en California, que han visto el abuso no solo de inmigrantes, pero de personas en cárceles también en nuestro estado por parte de estas corporaciones, viene de un deseo de proteger ese bienestar, salud y vida. Y la Corte, pues, dijo que estamos firmemente en nuestro derecho de hacer eso”.
ICE no construye ni opera sus propias instalaciones y depende de empresas privadas para alojar a inmigrantes detenidos alrededor del país.
La agencia de control migratorio y uno de sus contratistas intentaron bloquear la ley, pero la jueza desestimó sus demandas y reafirmó que cinco centros privados de detención de inmigrantes deberán ser eliminados para el 2028. Su fallo excluye instalaciones carcelarias usadas por la agencia federal de alguaciles.
Ante el fallo, un portavoz de ICE señaló que no se harían comentarios sobre la legislación pendiente y que las leyes estatales destinadas a obstruir la aplicación de la ley federal son inapropiadas y perjudiciales.
