Estados Unidos agregó esta semana otra ciudad a la creciente lista de lugares donde los solicitantes de asilo están siendo devueltos a México para esperar sus audiencias en los tribunales de inmigración.
Eagle Pass, Texas, una ciudad tranquila en el Río Grande, donde los agentes fronterizos han llevado a cabo un mayor número de detenciones de migrantes este año, es la sexta ciudad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México donde se está ejecutando el controvertido programa.
Desde enero, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) dejaron a más de 55,000 personas en México que cruzaron a EE.UU. sin autorización.
Allí, enfrentan la opción de permanecer durante meses hasta su primera cita en la corte o abandonar su caso de asilo, posiblemente solicitando ayuda humanitaria en México o regresando a su país de origen.
El Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) ya estaba vigente en las ciudades de San Diego y Calexico en California, así como en las ciudades de Texas de El Paso, Laredo y Brownsville.
El regreso de Eagle Pass a Piedras Negras, México, comenzó el 29 de octubre, según CBP.
Según CBP, los solicitantes de asilo recibirán avisos para comparecer en la corte de la carpa en Laredo, Texas, para audiencias de dos a cuatro meses en el futuro.
Las ciudades están a unos 200 kilómetros de distancia, a más de dos horas en automóvil.
Si bien el gobierno de Estados Unidos elogia la política como un factor importante para reducir la cantidad de cruces fronterizos no autorizados en 2019, los críticos del MPP denuncian los peligros que enfrentan los migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas dominadas por los carteles como Nuevo Laredo y otras áreas donde son vulnerables al secuestro, violación o asalto.
Sistema diseñado para fallas
En un informe de agosto, Human Rights First criticó la política de Estados Unidos, renombrándola como "Protocolos de persecución de migrantes" y enumerando decenas de informes de actos violentos cometidos contra personas enviadas a México, en su mayoría centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
"Confiamos en la integridad y la capacidad del programa para juzgar las solicitudes de asilo rápidamente y con todo el debido proceso", dijo el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, cuando se anunció la expansión el lunes.
Pero los procesos legales en torno a MPP son cuestionados por abogados y defensores de inmigrantes.
"Este es un sistema diseñado para el fracaso", dijo Aaron Reichlin-Melnick, analista de políticas de inmigración del Consejo de Inmigración de Estados Unidos.
En los últimos meses se erigieron tribunales especiales de carpa exclusivamente para manejar casos de MPP, pero permiten a los solicitantes de asilo hablar con un juez por videoconferencia, en lugar de hacerlo en la misma sala del tribunal.
Los medios de comunicación y otros observadores no han tenido acceso regular a los tribunales localizados en las tiendas de campaña.
