Policías antimotines se enfrentaron el lunes contra manifestantes afuera del aeropuerto de Barcelona luego de que el Tribunal Supremo de España sentenció a varios años en prisión a 12 expolíticos y activistas catalanes por su papel en el movimiento independentista de 2017.
Las autoridades utilizaron macanas contra los manifestantes que se congregaron en el aeropuerto El Prat luego de ser convocados por la organización Tsunami Democrático, que apoya la independencia de Cataluña. Un reportero de The Associated Press que estaba en la escena vio a la policía lanzar proyectiles de fuego. La prensa local reportó que los agentes utilizaron balas de goma.
Una decena de personas fue atendida por heridas menores en la escena del altercado, dijo el servicio de emergencias catalán SEM. Para las 9 de la noche (hora local) autoridades de salud indicaron que 37 manifestantes fueron heridos en el aeropuerto de Barcelona.
La policía regional informó que arrestó a dos manifestantes, uno en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, y otro en el pueblo de Mataro, por presuntamente atacar a oficiales.
El operador aeroportuario de España, AENA, dijo que 108 vuelos fueron cancelados.
Las fuertes sentencias en prisión disgustaron a la causa separatista, que pasa por su periodo más complicado en años debido a que sus líderes más carismáticos están tras las rejas o en el extranjero, previo a las elecciones generales de España programadas para el 10 de noviembre.
Los dos partidos políticos más importantes del movimiento independentista catalán están en desacuerdo sobre la estrategia a seguir y las organizaciones activistas que han impulsado al movimiento han expresado críticas por la falta de avances.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que esperaba que las sentencias representaran un parteaguas en el añejo enfrentamiento entre las autoridades nacionales en Madrid y los separatistas en la capital catalana de Barcelona. Señaló que el veredicto probó que el intento de secesión de 2017 se había convertido en “un naufragio” e instó a la gente a dejar de lado las posiciones extremistas y “embarcarse en una nueva fase” para Cataluña.
Sin embargo, los independistas tomaron una postura desafiante y salieron a las calles en una muestra de fuerza.
Los manifestantes también interrumpieron los servicios del tren catalán luego de colocar neumáticos en llamas y madera sobre las vías. También bloquearon algunas carreteras de la región. Se prevén otras marchas y protestas en las próximas horas del lunes.
Los líderes catalanes sentenciados, que estuvieron tras las rejas por casi dos años mientras sus casos pasaban por las cortes, se han convertido en símbolos importantes para los separatistas. Muchos simpatizantes portan listones amarillos en su ropa como señal de protesta.
Los políticos separatistas dijeron que no cederían terreno.
Quim Torra, actual presidente de Cataluña, dijo que “el veredicto es un acto de venganza”. Aseveró que “no nos impedirá actuar según nuestra determinación de construir un estado independiente para nuestra nación”.
El expresidente catalán Carles Puigdemont, quien junto con otros políticos huyó a Bélgica en octubre de 2017 cuando fueron citados para comparecer ante la corte, dijo que las elecciones generales son una oportunidad para mostrar una “respuesta masiva de rechazo, de dignidad y de firmeza”.
Sus comentarios surgieron horas después de que un juez del Tribunal Supremo de España emitió una orden de arresto internacional en su contra.
Andrew Dowling, un experto de política española contemporánea en la Universidad de Cardiff en Gales, dijo que las sentencias son “muy duras” y van a “empeorar una situación que ya era mala”.
“Va a crear una herida terrible en la sociedad catalana hasta que estas personas sean liberadas”, comentó vía telefónica. “Creo que será el asunto más importante para los catalanes en el futuro previsible”.
La identidad catalana es un tema apasionante en la región del noreste que colinda con Francia, pero en otros sitios no ha capturado la atención del público y, más importante, carece de apoyo internacional.
Los fiscales basaron su caso en el referendo de independencia del 1 de octubre de 2017, que el gobierno catalán celebró pese al veto del máximo tribunal del país.
El voto a favor de la independencia ganó la consulta, pero al tratarse de una votación ilegal, la mayoría de los votantes no participó y el conteo se consideró poco fiable. Sin embargo, el Parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia tres semanas más tarde, desencadenando la peor crisis política en España en varias décadas.
El gobierno español intervino y despidió al gobierno regional de Cataluña, con los fiscales que posteriormente empezaron a presentar cargos.
Nueve de los catalanes acusados fueron condenados a entre 9 y 13 años en prisión por sus intentos de separar a Cataluña de España por medio de un referendo ilegal; otros cuatro recibieron penas por mal uso de fondos públicos y tres fueron multados por desobediencia. La Constitución española estipula que el país no puede ser dividido.
Todos fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
