El Tribunal Supremo español condenó este lunes a 12 expolíticos y activistas catalanes a penas de entre nueve y 13 años de prisión por su papel en el fallido referendo independentista de 2017.
Los otros tres acusados en la causa fueron solo declarados culpables de desobediencia y no serán enviados a prisión, y todos fueron exonerados de la acusación más grave, rebelión.
La corte condenó al ex vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión por sedición y malversación de fondos públicos.
El cargo de sedición supone que fomentaron el desorden público para incumplir la ley.
Ocho de los acusados recibieron largas condenas de cárcel por sus intentos de separar a Cataluña de España tras el referendo ilegal de independencia, mientras que otros tres recibieron penas menores.
La expresidenta del parlamento regional de Cataluña, Carme Forcadell, fue condenada a 11 años y medio de prisión, mientras que los exmiembros del gobierno catalán Joaquim Forn y Josep Rull fueron sentenciados a 10 años y medio cada uno. Los activistas civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart recibieron penas de nueve años.
Otros tres miembros del antiguo gobierno catalán -Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó- fueron multados por desobediencia.
Grupos independentistas de base habían dicho que organizarían protestas y actos de “desobediencia civil pacífica” si cualquiera de los acusados era condenado. Otros dirigentes separatistas calificaron los fallos como una “atrocidad” y un “ataque a la democracia”.
Las autoridades españolas desplegaron cientos de policías adicionales en la región de Cataluña en previsión del fallo judicial.
La iniciativa independentista de 2017 fracasó al no encontrar apoyo internacional. El gobierno español intervino la autonomía de Cataluña y destituyó al gobierno regional. Más tarde, la fiscalía presentó cargos.
Siete líderes independentistas supuestamente implicados en los acontecimientos, incluido el destituido expresidente catalán Carles Puigdemont, huyeron del país y están considerados como prófugos por el gobierno español.
El veredicto fue anunciado a menos de un mes de que España celebre elecciones generales para elegir un nuevo gobierno, y la gestión política de la cuestión catalana será sin duda uno de los temas claves de la campaña.
