La comunidad empresarial del país ha comenzado a presionar al presidente electo Donald Trump para que abandone sus promesas de campaña de deportaciones masivas y otras políticas migratorias conservadoras que los empresarios temen puedan dañar la economía.
La iniciativa, liderada por un grupo que cuenta con el respaldo del multimillonario neoyorquino, Michael Bloomberg, y el magnate de los medios de comunicación, Rupert Murdoch, pero que incluye también a empresas como los gigantes Marriott, Disney y Boeing está dando sus primeros pasos.
Algunos colectivos, como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dudan que el republicano vaya a crear realmente un fuerza de deportación como sugirió antes de su triunfo en las urnas, para expulsar a los aproximadamente 11 millones de migrantes que se estima están en el país sin los permisos necesarios.
Pero Trump, si bien ha suavizado un tanto su retórica contra los inmigrantes, no ha manifestado con claridad sus planes y ha nombrado en puestos clave de su gabinete a personas que en el pasado se han declarado contrarios a reformar el sistema, mantener a los indocumentados y mucho menos ofrecerles un camino para su legalización.
Frustración por un sistema roto
Mientras tanto, los empresarios están formando equipos con funcionarios públicos y líderes de la industria en estados clave para animar a Trump a adoptar una política migratoria más benevolente - en nombre del desarrollo económico, sino de la compasión humana.
"Esta elección mostró claramente que los estadounidenses están extremadamente frustrados con nuestro sistema migratorio roto", dijo Jeremy Robbins, director ejecutivo de New American Economy, un grupo en cuyo directorio están Bloomberg y Murdoch.
"Pero sería un error equiparar su deseo de que alguien asegure la frontera con el apoyo a la deportación masiva u otras políticas conservadoras que podrían devastar la economía y socavar los valores estadounidenses", agrega.
En los últimos días, la organización de Robbins presentó coaliciones de líderes empresariales y funcionarios públicos que se oponen a la represión de la migración — muchos de ellos partidarios de Trump — en Utah, California, South Carolina, Florida y Colorado y formarán más en Arizona, Idaho, North Carolina, Pennsylvania y Texas. Con el respaldo de los fondos de sus directivos, el grupo trabaja para crear una infraestructura permanente que presione al nuevo gobierno y a los miembros del Congreso en asuntos clave antes incluso de que comience oficialmente el debate en el Capitolio.
Lo que dijo Trump en la campaña
Trump sacó partido a los peligros de la inmigración durante su campaña, compartiendo en varias ocasiones escenario con padres de niños asesinados por migrantes que estaban en el país sin los permisos pertinentes.
Además prometió construir un gran muro a lo largo de la mayoría de los 3.180 kilómetros (2.100 millas) de frontera con México. Y antes de eso, se comprometió a crear una "fuerza de deportación" para expulsar a más de 11 millones de personas en situación irregular en el país, aunque a medida que se acercaba el día de las elecciones, dejó abierta una puerta a una vía para legalizar la situación de algunos de los que entraron al país de forma irregular.
El equipo de transición del empresario de bienes raíces declinó responder preguntas sobre sus planes migratorios esta semana.
En una entrevista con la revista Time publicada esta semana, Trump dejó caer que podría adoptar un enfoque más suave diciendo que "elaboraría algo" para ayudar a los migrantes que entraron a Estados Unidos sin permisos siendo niños y que consiguieron permisos de trabajo durante el gobierno de Barack Obama.
Sobre las deportaciones, Trump dijo al programa "60 Minutes" poco antes de la elección que daría prioridad a la expulsión de entre dos y tres millones de "personas que son delincuentes y tienen antecedentes penales - miembros de pandillas, narcotraficantes". Un plan de este tipo estaría en la línea de la política actual de Washington.
El perdón ejecutivo
Por su parte, la Casa Blanca, a través de su portavoz, Josh Earnest, dijo que el presidente Barack Obama no puede usar su autoridad para otorgar clemencia y legalizar el estatus inmigratorio de los dreamers.
Earnest dijo el jueves que por eso es que el presidente fue un defensor de la legislación que hubiera corregido algunas de las injusticias e implementado una reforma que hubiera mejorado la seguridad del país, la situación fiscal y asegurando que se trate a la gente de manera justa.
Sus comentarios fueron en respuesta a una carta que un grupo de 60 legisladores demócratas de la Cámara de Representantes enviaron a Obama urgiendo que otorgara el perdón a los beneficiarios del DACA.
