Ante la reciente negativa de entrada de ciudadanos venezolanos a Estados Unidos y la posterior medida de aceptar sólo a 24.000, siempre y cuando cumplan con requisitos, la representación del Gobierno interino de Venezuela en Washington DC ha pedido a la administración del presidente Joe Biden que aumente el cupo de aceptación de este parole humanitario.
“Esto lo decimos porque si vemos el promedio de lo que ha estado entrando en los últimos meses por la frontera sur, en el caso de los ciudadanos venezolanos, en agosto fueron poco más de 25.000”, dice a la Voz de América Brian Fincheltub, director de Asuntos Consulares de la embajada de Venezuela.
Mientras tanto, los ciudadanos interesados y que cumplan con los requisitos -como no tener otra nacionalidad, no haber sido deportados de cualquier otro país, o superar una prueba biométrica- pueden iniciar el trámite en la página web del servicio de inmigración y ciudadanía.
“Este es un proceso nuevo. Ambos países, Estados Unidos y México van a estar revisando muy de cerca cómo funciona” explica el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez, quien no descarta un aumento de la cuota. “Si tiene el efecto que entendemos en la frontera y si está funcionando bien y reduce la inmigración irregular, vamos seguramente a revisar los números y puede ser que se amplíen”.
La norma establecida por las autoridades estadounidenses dictamina que todo ciudadano venezolano que intente cruzar la frontera será devuelto a México.
En ese sentido, la abogada experta en inmigración Jodi Goodwin explica que los venezolanos que estaban cerca de pedir asilo en la frontera aún tienen opciones para seguir adelante con los trámites:
"Si son personas con vulnerabilidades, estoy hablando de situaciones médicas o si han sido secuestrados o presenta algún peligro inminente ahí en México, yo les sugiero que tienen que pedir una de las excepciones para poder entrar a los Estados Unidos legalmente”
Por otra parte, la letrada advierte que si cruzan la frontera bajo el Título 42, una política migratoria que permitía la expulsión de migrantes a causa de la emergencia de COVID-19, serán detenidos y tendrán que presentar su solicitud de asilo “con un juez de inmigración, pero detenidos”.
El Título 42, establecido durante la presidencia del republicano Donald Trump, ha sido cuestionado por varias organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes migrantes.
Damaris Rangel, presidente de la Fundación Derechos Humanos con DRç, es una de las personas que lo condena por considerar que el hecho de devolver las personas de manera inmediata en la frontera es "restringir el derecho a pedir protección internacional”.
Una opinión similar tiene el abogado de inmigración Gunter Sanabria:
“La gente que estaba en camino ha dejado de venir o se está quedando en México o en Panamá. La gente que está preguntando si debe venir o no e iniciar el camino como lo tenían planeado, entonces el efecto que está causando esta ley y como se está promocionando sí está deteniendo la inmigración”, apunta Sanabria.
Los gobiernos de México y Estados Unidos están a la expectativa de ver cómo se van a reconfigurar los flujos migratorios para seguir haciendo ajustes.
En el último año, México exigió la condición de presentar un visado a los ciudadanos de Brasil, Venezuela y Ecuador. También impuso restricciones al ingreso de colombianos ante el aumento de migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos por la frontera sur.
[Con la colaboración de Júlia Riera, periodista de VOA, desde Barcelona]
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