El más pequeño de los Sandoval tiene anemia profunda, una condición que comparte con su prima de tres años y que es común encontrar entre los niños de la zona rural de Ahuachapán, departamento en el occidente de El Salvador. Desde hace cinco meses la niña de 3 años se despierta por las noches llorando y llamando a quien considera su papá: su abuelo José Alfonso Sandoval.
Los Sandoval ven en ese llanto una de las secuelas que experimentan los 12 niños de la familia que han quedado bajo custodia de tías y abuelas luego que sus padres o madres fueran detenidos la madrugada del 23 de mayo, acusados de pertenecer a pandillas.
Esas y otras 55.062 detenciones han ocurrido durante en un régimen de excepción vigente en El Salvador desde hace siete meses, y cuyo propósito es encarcelar a 70.000 pandilleros o colaboradores de pandillas responsables o cómplices de la última ola de violencia ocurrida a finales de marzo de este año, la cual dejó 88 homicidios en un fin de semana.
La organización no gubernamental Tutela Legal “María Julia Hernández”, que ha apoyado el caso de la familia Sandoval, ha denunciado lo que considera uno de los efectos más lamentables y desconocidos del régimen de excepción: los menores de edad que han sido alejados de sus padres luego de que estos fueran detenidos acusados de pertenecer a pandillas.
Entre los niños que han quedado bajo el cuidado del resto de la familia Sandoval está el hijo de Elsa Sandoval García, una madre soltera que solía cultivar un huerto con el que proveía vegetales y hortalizas a los niños más pobres de su comunidad.
El hijo de Sandoval García fue testigo de cómo un grupo de policías detuvo a su abuelo José Alfonso, a sus tíos Manuel de Jesús Ramírez y Hugo Ernesto Sandoval, y a su primo Hugo Edgardo Sandoval, mientras se dirigían con sus herramientas de trabajo agrícola hacia una de las fincas que cuidaban en el municipio de Tacuba, Ahuachapán. El niño de nueve años también fue testigo de cómo los policías se llevaban a su madre. Tras protestar con gritos y llantos, también fue amenazado con acompañarla a la prisión.
Esos testimonios fueron relatados a la Voz de América por un familiar de los 12 niños, identificada solo como E. Sandoval. La mujer recurrió al habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional en San Salvador, con lo que pretende conseguir que sus familiares sean liberados, pero hasta la fecha los recursos no han sido admitidos.
Alejandro Díaz Gómez, abogado del área jurídica de Tutela Legal, dijo a la Voz de América que a estos niños “les están vulnerando el derecho a la vida, a la integridad, a la salud y a la educación”, pese a que El Salvador es firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que además existen instituciones estatales en El Salvador que deben velar porque se respeten estos derechos y los establecidos en las leyes locales.
Cristosal, una organización no gubernamental con sede en San Salvador que vela por los derechos humanos, publicó en su cuarto informe sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador que, de 2.928 casos que lleva de personas afectadas por posibles violaciones a sus derechos durante el régimen de excepción, el 1,2 % son menores de edad de entre 12 y 17 años cuyos familiares fueron arrestados.
La organización Amate, una oenegé de derechos humanos con enfoque feminista, atendió a 37 víctimas, de las que 2,7 % tiene entre 12 y 17 años. El Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) registra 444 víctimas de las que el 3,4 % corresponde a ese rango de edad. El Servicio Social Pasionista registra 132 víctimas de las que el 3% tiene entre 12 y 17 años, y advierte que hay “25 casos donde menores de edad han quedado a cargo de otros familiares”.
El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América. Tampoco respondió a través de la coordinación de prensa internacional.
Derechos vulnerados
Sobre los 12 menores de edad de la familia Sandoval y otros niños cuyos padres o madres han sido capturados, Díaz Gómez dijo que “están en total abandono, y sus padres en una detención arbitraria por varios meses".
"Consideramos muchas de estas (detenciones) injustas. Y esto va también en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que no deben darse detenciones arbitrarias. (…) y la situación que expresa un artículo 27, que señala que las garantías fundamentales constitucionales, aún en régimen de excepción, no pueden ser eliminadas”, señaló.
Las edades de los 12 niños de esa familia oscilan entre los cinco meses y los nueve años. Como consecuencia de lo ocurrido, dos de esos niños tienen el riesgo de no aprobar su año escolar, explicó E. Sandoval.
“El niño de Elsa todavía no me ha dicho si va a pasar el año o qué, pero yo todos los días lo aconsejo y le digo que yo quiero que sea un niño de bien (...) 'échale ganas al estudio, para cuando usted esté grande sea alguien que se pueda defender de las injusticias de que hay en este El Salvador'”, dijo la mujer.
La organización Tutela Legal “María Julia Hernández” ha llevado el caso de la familia Sandoval desde finales de mayo.
Las autoridades no han dado ninguna declaración sobre el caso.
Sobre lo que sí se han pronunciado fue sobre el caso de dos niños abandonados hace unos días en un mercado de la ciudad de Santa Ana, en el occidente de El Salvador. El CONNA dijo que “el caso ya está siendo atendido por nuestra Junta de Protección” y la Policía Nacional Civil aseguró que no se trataba de niños en estado de abandono debido a la detención de sus padres durante el régimen de excepción, sino de niños que suelen escaparse de casa.
Capturas de familia Sandoval, incluidas en denuncia internacional
A finales de septiembre, las capturas de la familia Sandoval fueron incluidas en una demanda presentada por Tutela Legal “María Julia Hernandez” y otras dos organizaciones defensoras de derechos humanos contra el estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, el abogado Alejandro Díaz explicó que se había pedido que el expediente, que incluye 152 recursos de habeas corpus por presuntas capturas arbitrarias que la Sala de lo Constitucional no ha admitido, fuera enviado a la Corte Interamericana de Justicia.
Los recursos fueron presentados con la idea que la Sala de lo Constitucional les diera respuesta lo más pronto posible, como establece el artículo 11 de la Constitución de El Salvador.
Díaz dijo que hasta la fecha, “la Sala no ha admitido estos casos ni ha iniciado el procedimiento de pedir informe y mucho menos lo que se quiere, que se libere por una captura arbitraria, por una detención ilegal de personas y no se ha logrado, por eso se ha acudido a la Corte Interamericana”.
El 27 de septiembre, cuando se anunció la demanda presentada ante la CIDH, Ovidio Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal, expuso que debido al régimen de excepción “muchos niños han quedado sin padres”.
“¿Qué va a suceder con estos menores sin padres, sin responsables?”, preguntó.
E. Sandoval cree tener la respuesta: “Yo siento que lo que están haciendo aquí en El Salvador es creando odio en toda la pequeñez que va creciendo. Porque, ¿quién les va a quitar eso de la mente, que le arrancaron al ser más querido?”.
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