Unas 12.000 personas que habitan el municipio de Comasagua en El Salvador permanecen aisladas desde el domingo debido a un cerco militar que les restringe entrar o salir del municipio sino comprueban con un documento de identidad que viven en el lugar.
La medida fue ordenada por el presidente Nayib Bukele tras el asesinato del responsable de una finca de la zona. Y aunque no es la primera vez que El Salvador instala cercos militares para contener a los responsables de crímenes, la medida ya es cuestionada por la falta de criterios para definir cuándo amerita un cerco militar y cuándo no.
La legisladora Dina Argueta dijo que al parecer “ya no basta” con el régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de este año. Ahora, los cercos militares parecen ser más comunes en la estrategia del gobierno.
“Escuchamos al ministro (de Seguridad) decir que los cercos militares iban a ser aplicables a nivel nacional, en todos los municipios. (…) Claramente no tienen un plan de seguridad”, dijo ante los medios.
A las pandillas MS13 y Barrio 18 se les señala de haber ocasionado la mayoría de asesinatos de las últimas dos décadas en El Salvador. Tras agruparse en los barrios más pobres del país pocos años después de terminada la guerra civil en 1992, las maras crearon jerarquías y se robustecieron con extorsiones y otros ilícitos.
Las herramientas de los gobiernos en el combate de estos grupos han sido varias: desde planes de seguridad que dejaron capturas masivas como “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” hace 19 años hasta promover acuerdos entre pandillas y Estado para bajar homicidios.
Ahora mismo, el gobierno de El Salvador ha dado a conocer dos estrategias: el Plan Control Territorial iniciado en junio de 2019 y un régimen de excepción que se ha prorrogado seis veces seguidas a partir de marzo de 2022.
Aunque los homicidios han bajado en comparación con años anteriores, “los reductos de pandillas”, como les llama el ministro de Seguridad, Gustavo Villatorio, aún siguen cometiendo algunos asesinatos.
“Cercos militares como el establecido en Comasagua nos permiten desplegar todo un trabajo de inteligencia para ubicar los reductos de terroristas. Esas medidas las vamos a seguir replicando en otros municipios”, dijo ayer martes 4 de octubre en una entrevista televisiva de Canal 21 de El Salvador.
Pero los legisladores René Portillo Cuadra y Claudia Ortíz no ven una estrategia definida en la aplicación de dichos cercos, pues el fin de semana pasado “hubo dos asesinatos en Colón y Jayaque, y no se hicieron los mismos cercos militares”, cuestionó Cuadra.
“La seguridad de los salvadoreños es buena siempre y cuando se haga con responsabilidad, con proporcionalidad y bajo las normas de legalidad. ¿A qué obedece este tipo de políticas (cercos militares)? Esto al parecer revela que el régimen de excepción no está funcionando”, dijo ante los medios.
Para Claudia Ortiz, un cerco militar puede ser una medida para casos excepcionales. Pero la seguridad pública no debe hacer que el país centroamericano “retroceda hacia una sociedad militarizada”.
“Ha habido otros homicidios que no se han divulgado tanto, pero que también han existido”, señaló públicamente.
Cero homicidios
Desde que el gobierno de El Salvador ha promovido la campaña “Guerra contra las pandillas” y ha instaurado un régimen de excepción que ya lleva 53,465 capturados, los días con cero homicidios son cada vez más sonados.
Oficialmente se habla de 204 días sin homicidios desde junio de 2019, y aunque hubo días en los que la violencia se disparó repentinamente, el promedio diario de homicidios ahora es de 0.45, un número inferior frente a los 12 diarios registrados antes de que Bukele asumiera la presidencia.
Las estrategias para lograr estos números han sido cuestionadas no solo por el Departamento de Estado de Estados Unidos sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió a El Salvador en junio pasado garantizar la seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos.
Pese a las denuncias de capturas arbitrarias y la limitación de movilidad que suponen los cercos militares, los salvadoreños aprueban las medidas del gobierno, de acuerdo con la más reciente encuesta de la organización Fundaungo.
Bukele, de 41 años y cuya candidatura a la presidencia de manera continua ya es pública, tuvo la mejor evaluación en temas como la seguridad ciudadana. Nueve de cada 10 salvadoreños encuestados aprobaron su gestión.
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