La orden del gobierno salvadoreño para que la policía nacional civil y la fuerza armada retengan a todas las personas que incumplen la cuarentena domiciliar obligatoria, como medida para controlar la propagación del coronavirus en El Salvador, ha generado denuncias de excesos de autoridad en algunos procedimientos y críticas nacionales e internacionales de organismos de derechos humanos.
El legislador Carlos Reyes, del Partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, de derecha, se expresó al respecto diciendo: "Han habido muchos abusos también. La Sala de lo Constitucional se ha pronunciado y ha dicho con toda claridad y lo recoge el nuevo proyecto".
El Tribunal Constitucional emitió al menos 11 resoluciones de Hábeas Corpus y ordenó a las autoridades no retener a los ciudadanos simplemente por irrespetar la cuarentena obligatoria y que la medida solo se debía aplicar si las personas están contagiadas o han sido expuestos al virus.
La diputada del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Nidia DÍaz, dijo que hay que mejorar los protocolos relacionados.
“Pero la gente se ha pronunciado denunciando abusos también. Igual hay que mejorar todo lo que tiene que ver con los centros de cuarentena de contención y también todos los procedimientos relacionados a los protocolos relacionados".
Sobre el caso, el director de la división Américas de la organización Human Rights Watch, Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de twitter, que el presidente salvadoreño Nayib Bukele estaba en desacato y rompe el Estado de Derecho.
El mensaje mereció que el mandatario salvadoreño bloqueara al director del organismo humanitario.
Entre tanto, el presidente Bukele dijo en su cuenta de Twitter que 62 personas salieron de cuarentena, que un nuevo paciente fue curado y uno salió de estado crítico.