A pocas horas de que llegara a su fin el estado de excepción y emergencia nacional en El Salvador, el Congreso de ese país aprobó el domingo una prórroga de 30 días más de la medida, que está vigente desde el pasado 26 de marzo.
En el mismo contexto, los legisladores también aprobaron un decreto de ley que permite al Ejecutivo comprar bienes y servicios de forma directa sin licitaciones, sin ceñirse a Ley de Adquisiciones Y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
El decreto, solicitado por el presidente, Nayib Bukele, se sustenta en que "las condiciones de inseguridad persisten y requieren con urgencia la prórroga” ante "la persistencia de las circunstancias que lo motivaron".
Por su parte el gabinete de seguridad del gobierno salvadoreño dijo que, pese a que los homicidios han disminuido en el país, “la mayoría de los terroristas aún continúan en libertad”, por lo que suspender su aplicación apenas propiciaría un retroceso en los avances alcanzados.
Tras convocar a los diputados a sesión, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa -controlada por el oficialismo de Bukele- declaró que habían aprobado la prórroga, con 67 votos de 84.
Una vez que el presidente Bukele firme el nuevo decreto, la prórroga entrará en vigor el martes, 26 de abril.
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual período y mediante nuevo decreto.
Bukele defendió la extensión y la catalogó como la "definición de democracia".
El anuncio de la extensión se da horas después que la Policía Nacional Civil (PNC) afirmara que, desde el inicio de la medida en marzo pasado, han capturado 17.143 pandilleros en todo el país. Solo el domingo 24 de marzo se registraron 1.090 detenciones.
Además, autoridades de centros penales afirman que las cárceles continúan manteniendo a unos 20.000 pandilleros sin salir de sus celdas, sin colchonetas para dormir y con el racionamiento de alimentos.
Falta de debido proceso
Opositores y organizaciones defensoras de los derechos humanos siguen instando al Estado salvadoreño a respetar el debido proceso y los derechos humanos durante el estado de emergencia.
La congresista opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, señaló en la última sesión plenaria y en su cuenta de Twitter que más allá de continuar con la medida, es necesario que el gobierno “rinda cuentas”.
Sobre las detenciones, Ortiz hizo hincapié en que la Administración Bukele presente un informe en el que se detalle si ya esclareció los asesinatos de más de 60 víctimas que perdieron la vida el fin de semana antes de la entrada en vigor del régimen de excepción.
Además, denunció el silencio por parte de las autoridades sobre unas 80 muertes acaecidas durante las detenciones y que en algunos de los casos se han negado a hacerles autopsias para determinar las causas de los decesos.
Mientras que Amnistía Internacional emitió un nuevo comunicado de prensa en el que hace un llamado a la comunidad internacional a ayudar a frenar la crisis de derechos humanos que se vive en El Salvador.
“Pedimos a la comunidad internacional que ayude a evitar la incipiente crisis de derechos humanos en El Salvador y a las autoridades del país a que dejen de cometer abusos y garanticen que se llevan a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos que ya se han cometido”, Pidió Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde que el pasado 26 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un solo día, El Salvador vive un estado de excepción que limita las libertades constituciones de todos los salvadoreños, entre ellas el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos en el momento de un arresto, así como a la asistencia de un abogado.
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