El Salvador ha tenido un “escaso avance en la lucha anticorrupción”, señaló el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) el jueves durante la presentación del informe 'Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción'.
El documento, que da seguimiento al Cumplimiento del Compromiso de Lima, del que El Salvador es firmante - junto a otros 18 países – tiene como objetivo que los países se ciñan a una serie de medidas para sostener una lucha frontal contra la corrupción.
Según el informe, que contó con el financiamiento del Departamento de Estado de EE. UU., para que el país centroamericano cumpla con el compromiso pactado en Lima “debe trabajar en la construcción de una agenda anticorrupción”, ya que los organismos que conforman el OCC observaron pocos avances en esa materia.
De los cinco temas que el estudio tomó en cuenta, El Salvador presentó retrocesos en los relacionados a la gobernabilidad democrática; transparencia y acceso a la información; financiamiento de organizaciones y campañas políticas; prevención de la corrupción en obras públicas y contrataciones y compras públicas, entre otros.
El estudio otorgaba una calificación de hasta tres puntos para aquellos en los que se alcanzaron los objetivos.
Sin embargo, el país no alcanzó ningún punto de los tres posibles. En cuanto al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, obtuvo 0.66; en transparencia, acceso a la información pública y protección al denunciante, 0.81 y en el relacionado a las medidas de autonomía e independencia de los órganos de control, se le dio un porcentaje de 0.89. En el relacionado con proteger a denunciantes de corrupción, El Salvador alcanzó apenas 0.63.
El repliegue quedó en evidencia, de acuerdo con el OCC, después de acciones tales como la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como la del fiscal general, por parte del Congreso.
El reporte también señala las reformas propuestas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), así como las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Xenia Hernández, directora de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ) -una de las instituciones que conforman el OCC- explicó que las puntuaciones alcanzadas dejan en evidencia que “no hay ningún tipo de compromisos en la lucha contra la corrupción” en El Salvador.
Por su parte, Giovanni Fuentes, investigador del OCC, destacó que entre algunas de las recomendaciones al Gobierno salvadoreño está que se “respete la separación de poderes”, y que se formalice la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado, entre otras.
El OCC está compuesto por las organizaciones del Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), divisiones nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y otras 150 Organizaciones de Sociedad Civil de la región.
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