Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos emite una opinión, esa opinión se convierte en la ley del país.
Ese es el efecto inmediato de la decisión del alto tribunal de revocar su fallo sobre el aborto de 1973 conocido como Roe v. Wade: el derecho a abortar ya no está protegido constitucionalmente en los Estados Unidos.
Pero es probable que la controversia persista, y no solo en el tribunal de la opinión pública.
Al dejar que los estados decidan si permiten el aborto o no, se espera que el fallo del alto tribunal desencadene una nueva ola de batallas legales en los tribunales estatales que podrían prolongarse durante años.
"Crea mucha incertidumbre y posibles retrasos desde el punto de vista de las leyes penales", dijo Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California Davis y autora de cinco libros sobre el debate sobre el aborto.
El Instituto Guttmacher, un grupo de investigación sobre el derecho al aborto, estima que 26 estados están seguros o es probable que prohíban el aborto, incluidos 13 estados con las llamadas "leyes desencadenantes", que entran en vigencia con la derogación de Roe, y nueve con prohibiciones del aborto en sus libros que son anteriores a Roe.
Sigue siendo incierto qué tan pronto se implementarán las prohibiciones. Pero los grupos de derechos al aborto como Planned Parenthood y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dicen que están decididos a luchar contra las restricciones y garantizar que el aborto siga siendo accesible para las mujeres que buscan el procedimiento.
"La ACLU se ha estado preparando para este momento durante años y vamos a continuar llevando a cabo un enfoque multifacético para luchar y seguir adelante contra la prohibición y las restricciones del aborto", dijo Meagan Burrows, abogada del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU.
Parte de la estrategia legal de la ACLU sería desafiar las prohibiciones del aborto en los tribunales estatales, dijo Burrows.
Clarke Forsythe, abogado principal de Americans United for Life, un grupo antiaborto, dijo que espera desafíos legales en dos o tres docenas de estados en los próximos años.
"Pero creo que al final del día, solo quizá un puñado o menos pueden crear un derecho estatal al aborto", dijo Forsythe en una entrevista.
En las últimas décadas, los grupos de derechos al aborto han recurrido principalmente a los tribunales federales para bloquear las nuevas leyes estatales que restringen el procedimiento. Pero con los derechos al aborto ya no protegidos por la constitución federal, su enfoque ahora se trasladaría a los tribunales estatales.
"Obviamente, lo que está en juego será más alto porque no será como una especie de suplemento a las protecciones federales", dijo Ziegler.
Sin duda, los desafíos legales no serán factibles en todos los estados, dicen expertos y defensores.
En los últimos años, cuatro estados del sur, Alabama, Luisiana, Tennessee y Virginia Occidental, han cambiado sus estatutos legales para proclamar que el aborto no es un derecho constitucional.
Forsythe dijo que es probable que los votos en otros dos estados, Iowa y Kansas, respalden enmiendas constitucionales similares a finales de este año.
Eso hace que sea prácticamente imposible desafiar las prohibiciones de aborto de estos estados bajo sus constituciones, dijo Elizabeth Nash, asociada principal de políticas del Instituto Guttmacher.
Pero otros estados presentan vías potenciales para desafíos legales.
Once estados, incluida Florida, tienen el derecho a la privacidad consagrado en sus constituciones, mientras que varios otros, como Arizona, tienen cláusulas de protección iguales. Estas disposiciones han sido interpretadas por algunas cortes supremas estatales en las últimas décadas para defender el derecho al aborto.
Burrows dijo que la ACLU está "investigando cada constitución estatal para tener una idea de las afirmaciones que podríamos presentar".
"En los estados donde hemos identificado un camino para desafiar las prohibiciones del aborto con nuestros socios locales, creo que podemos esperar ver desafíos presentados después de la emisión de cualquier decisión de la Corte Suprema que revoque Roe", dijo, sin nombrar a los estados.
Ziegler, de UC Davis, dijo que el resultado de los casos de la corte estatal está lejos de ser seguro y dependería en gran parte de la composición de la corte suprema de un estado determinado.
Tomemos el caso de Florida, donde Planned Parenthood recientemente montó un desafío constitucional a la prohibición del aborto de 15 semanas recientemente promulgada por el estado que entrará en vigencia el 1 de julio.
En 1989, la Corte Suprema de Florida reconoció el aborto como un derecho fundamental bajo la constitución estatal. Pero Ziegler dijo que el gobernador republicano Ron DeSantis ha transformado la corte con nombramientos conservadores.
"Y así, es probable que veamos en ese estado la puerta abierta a restricciones mucho más amplias", dijo Ziegler.
El estado de Michigan, en el medio oeste, podría ir por otro lado, dijo Ziegler. La Corte Suprema del estado tiene cuatro jueces demócratas electos y tres miembros republicanos designados. En previsión de la derogación de Roe, Planned Parenthood impugnó en abril una prohibición no aplicada y previa a Roe sobre el aborto que podría entrar en vigencia después de que se emita el fallo de la Corte Suprema.
El mes pasado, un juez local emitió una orden judicial contra su aplicación, diciendo que el aborto está protegido por la constitución estatal.
"Forjar la protección (para el derecho al aborto) es una posibilidad en un lugar como Michigan", dijo Ziegler.
Forsythe, de Americans United for Life, dijo que los esfuerzos para lograr que las cortes supremas estatales reconozcan el derecho al aborto podrían ser contraproducentes, como lo hizo uno en Tennessee.
En 2000, la Corte Suprema de Tennessee dictaminó que la decisión de una mujer de abortar es "una parte vital de la privacidad garantizada por la Constitución de Tennessee".
Catorce años después, los votantes de Tennessee aprobaron una enmienda constitucional que dice: "Nada en esta constitución asegura o protege el derecho al aborto o requiere la financiación de un aborto".
En cuanto a los grupos de derechos al aborto, muchos dicen que no están poniendo todos sus huevos en la canasta legal.
"No podemos confiar en el poder judicial, ya sea el poder judicial federal o el poder judicial estatal solo, para proteger los derechos y libertades que apreciamos de la intrusión del gobierno", dijo Burrows, de la ACLU.
En cambio, "el enfoque tendrá que centrarse en movilizar a la gente para que se defienda, no solo en el tribunal sino en la casa del estado, en las urnas, en las calles, para dejar muy claro a los políticos que la mayoría de los estadounidenses quieren mantener el aborto legal", dijo.
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