Nadie ve como el fin del mundo que se suspendan las visitas dirigidas para ver la Casa Blanca ni que los parques nacionales funcionen a horario reducido, pero los recortes de $85 mil millones de dólares en los gastos gubernamentales que entraron en vigor el primero de mes sí afectan de manera sensible importantes sectores y servicios a la población.
Programas como el Medicare (seguro de salud pública para los mayores de 65 años) figuran en la lista, sin contar que las reducciones presupuestarias obligarán a licenciar sin sueldo por determinados períodos de tiempo a cientos de miles de trabajadores públicos, y perjudicarán también los fondos que se destinan a la educación, léase pérdida de maestros.
Que el denominado sequester (por secuestro de fondos) obligue a cerrar por reducción del personal de seguridad algunas entradas de acceso al Congreso en Washington no importa tanto al ciudadano común como las demoras, por las mismas razones, en los chequeos de seguridad para abordar los aviones en los aeropuertos.
Los que no tienen trabajo y se benefician del programa federal de Compensación de Emergencia por Desempleo creado en junio de 2008 para paliar los efectos de la recesión también se verán perjudicados con recortes que promedian los $450 dólares, y aunque ningún empleado gubernamental verá reducirse nominalmente su salario las licencias obligatorias sin sueldo significan que en la práctica tendrán menos ingresos.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano anunció esta semana que planea dejar de trabajar en total siete días entre mayo y septiembre y que licenciará en ese período a unos 9 mil empleados, pero entre las reducciones de gastos que están ocasionando más alarma están las que pesan sobre las cortes (tribunales) del país.
El sistema de abogados de oficio (defensores públicos) ya ha sufrido dos recortes del presupuesto en igual número de meses, y la fiscalía general del país y los administradores de las cortes han dicho estar sumamente preocupados porque los ciudadanos podrían verse privados de sus derechos legales o en el mejor de los casos habría retrasos en los servicios judiciales.
Programas como el Medicare (seguro de salud pública para los mayores de 65 años) figuran en la lista, sin contar que las reducciones presupuestarias obligarán a licenciar sin sueldo por determinados períodos de tiempo a cientos de miles de trabajadores públicos, y perjudicarán también los fondos que se destinan a la educación, léase pérdida de maestros.
Que el denominado sequester (por secuestro de fondos) obligue a cerrar por reducción del personal de seguridad algunas entradas de acceso al Congreso en Washington no importa tanto al ciudadano común como las demoras, por las mismas razones, en los chequeos de seguridad para abordar los aviones en los aeropuertos.
Los que no tienen trabajo y se benefician del programa federal de Compensación de Emergencia por Desempleo creado en junio de 2008 para paliar los efectos de la recesión también se verán perjudicados con recortes que promedian los $450 dólares, y aunque ningún empleado gubernamental verá reducirse nominalmente su salario las licencias obligatorias sin sueldo significan que en la práctica tendrán menos ingresos.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano anunció esta semana que planea dejar de trabajar en total siete días entre mayo y septiembre y que licenciará en ese período a unos 9 mil empleados, pero entre las reducciones de gastos que están ocasionando más alarma están las que pesan sobre las cortes (tribunales) del país.
El sistema de abogados de oficio (defensores públicos) ya ha sufrido dos recortes del presupuesto en igual número de meses, y la fiscalía general del país y los administradores de las cortes han dicho estar sumamente preocupados porque los ciudadanos podrían verse privados de sus derechos legales o en el mejor de los casos habría retrasos en los servicios judiciales.
