Tres enredos políticos que en los últimos días han sacudido casi simultáneamente Washington están poniendo en apuros la ya complicada agenda del presidente Barack Obama menos de cuatro meses después de haber dado comienzo a su segundo mandato.
Obama enfrenta una andanada de críticas a su administración provenientes de la oposición republicana pero también de dentro de su propio partido, después de que salieron a la luz revelaciones según las cuales el Servicio de Rentas Internas (IRS) habría politizado sus funciones.
El martes, el director en funciones del IRS, Steven Miller, admitió que la agencia bajo su mando demostró "falta de sensibilidad" por haber sometido a un escrutinio fuera de lo normal solicitudes de exención tributaria del Tea Party y otros grupos conservadores.
Según el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, el presidente estuvo ajeno a lo sucedido hasta el pasado viernes 10 de mayo y está a la espera de un informe del inspector general para indagar el hecho y actuar en consecuencia si se comprueba que en efecto el IRS procedió de manera “indignante”.
Paralelamente, el Departamento de Justicia éstá bajo la lupa tras incautarse secretamente de registros telefónicos de la agencia de noticias AP, una acción que ha sido vista como una ofensa a la libertad de prensa y ha puesto en entredicho la forma en que el gobierno protege la seguridad nacional.
Según el Fiscal General, Eric Holder, hubo que hacerlo porque una información clasificada que se filtró al público "puso en peligro a ciudadanos de EE.UU." y obligó a tomar "medidas muy drásticas" para investigarla.
Holder dijo que espera que las personas involucradas en la investigación hayan seguido todas las regulaciones del Departamento de Justicia, pero muchos dudan de que el asunto no tenga mayores consecuencias, y sin dudas el secretario de Justicia se verá obligado a abordarlo nuevamente cuando este miércoles comparezca a una audiencia en el Capitolio.
En adición, legisladores republicanos están presionando a la Casa Blanca para que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton regrese a testificar al Congreso, si es preciso bajo citación judicial, después de que el vicejefe de la embajada de EE.UU. en Libia dijo que fue desoído cuando el año pasado pidió ayuda militar durante el ataque al consulado en Bengasi.
Gregory Hicks declaró en una audiencia legislativa que durante el suceso estuvo en contacto con funcionarios en Washington, incluida la entonces secretaria Clinton, lo que ha dado nuevos bríos a quienes aducen que el gobierno supo desde el principio que era un ataque terrorista planeado y lo ocultó deliberadamente porque era un año de elecciones.
Obama no sería el único presidente que ha tenido que encarar serios contratiempos políticos durante su segundo mandato. Tras ser reelecto con un amplio apoyo popular en 1972, dos años más tarde, Richard Nixon se vio obligado a renunciar debido a Watergate, y luego la presidencia de Ronald Reagan fue sacudida entre 1985 y 1986 por el escándalo Irán-contras.
En 1998, un affaire de tipo sexual con Mónica Lewinsky, casi le cuesta a Bill Clinton la presidencia después de que un fiscal lo acusó de delitos merecedores de un proceso de impugnación (juicio político) por perjurio, pero el Senado definitivamente lo absolvió.
Obama enfrenta una andanada de críticas a su administración provenientes de la oposición republicana pero también de dentro de su propio partido, después de que salieron a la luz revelaciones según las cuales el Servicio de Rentas Internas (IRS) habría politizado sus funciones.
El martes, el director en funciones del IRS, Steven Miller, admitió que la agencia bajo su mando demostró "falta de sensibilidad" por haber sometido a un escrutinio fuera de lo normal solicitudes de exención tributaria del Tea Party y otros grupos conservadores.
Según el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, el presidente estuvo ajeno a lo sucedido hasta el pasado viernes 10 de mayo y está a la espera de un informe del inspector general para indagar el hecho y actuar en consecuencia si se comprueba que en efecto el IRS procedió de manera “indignante”.
Paralelamente, el Departamento de Justicia éstá bajo la lupa tras incautarse secretamente de registros telefónicos de la agencia de noticias AP, una acción que ha sido vista como una ofensa a la libertad de prensa y ha puesto en entredicho la forma en que el gobierno protege la seguridad nacional.
Según el Fiscal General, Eric Holder, hubo que hacerlo porque una información clasificada que se filtró al público "puso en peligro a ciudadanos de EE.UU." y obligó a tomar "medidas muy drásticas" para investigarla.
Holder dijo que espera que las personas involucradas en la investigación hayan seguido todas las regulaciones del Departamento de Justicia, pero muchos dudan de que el asunto no tenga mayores consecuencias, y sin dudas el secretario de Justicia se verá obligado a abordarlo nuevamente cuando este miércoles comparezca a una audiencia en el Capitolio.
En adición, legisladores republicanos están presionando a la Casa Blanca para que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton regrese a testificar al Congreso, si es preciso bajo citación judicial, después de que el vicejefe de la embajada de EE.UU. en Libia dijo que fue desoído cuando el año pasado pidió ayuda militar durante el ataque al consulado en Bengasi.
Gregory Hicks declaró en una audiencia legislativa que durante el suceso estuvo en contacto con funcionarios en Washington, incluida la entonces secretaria Clinton, lo que ha dado nuevos bríos a quienes aducen que el gobierno supo desde el principio que era un ataque terrorista planeado y lo ocultó deliberadamente porque era un año de elecciones.
Obama no sería el único presidente que ha tenido que encarar serios contratiempos políticos durante su segundo mandato. Tras ser reelecto con un amplio apoyo popular en 1972, dos años más tarde, Richard Nixon se vio obligado a renunciar debido a Watergate, y luego la presidencia de Ronald Reagan fue sacudida entre 1985 y 1986 por el escándalo Irán-contras.
En 1998, un affaire de tipo sexual con Mónica Lewinsky, casi le cuesta a Bill Clinton la presidencia después de que un fiscal lo acusó de delitos merecedores de un proceso de impugnación (juicio político) por perjurio, pero el Senado definitivamente lo absolvió.
