Este segundo mandato del presidente Barack Obama está demostrando ser tan áspero o más que el primero en las relaciones de la Casa Blanca con el Congreso, a pesar de que el mandatario insiste en estar dispuesto a forjar acuerdos con los republicanos.
Obama alabó esta semana a los legisladores por haber aprobado un nuevo tope para la deuda del país, y dijo que los tiempos en los que el Congreso mantenía al gobierno atado de pies y manos para arrebatarle concesiones políticas ya han terminado.
El presidente calificó de decisión correcta la aprobación de ley, que se abrió paso en la Cámara de Representantes y el Senado básicamente con la aprobación de los demócratas, y dijo que se puede “lograr mucho más si el Congreso trabaja con nosotros”.
Pero uno de los aspectos principales de la agenda presidencial, la reforma inmigratoria, sigue estancada por reticencias de los congresistas republicanos, aun cuando Obama pidió que fuese aprobada sin dilaciones y dijo que posponerla “otro año, dos años, tres años, lastima a la gente, daña a la economía y a las familias”.
Sin embargo, no solo es la nueva ley de inmigración lo que distancia a Obama del Congreso, ni la campaña que mantienen sus adversarios republicanos por derogar la ley de salud (Obamacare) o la negativa de estos a elevar el salario mínimo, sino que también en las propias filas de su partido el presidente encuentra oposición.
Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Obama seguirá presionando a los representantes demócratas a favor de una ley que le conceda autoridad presidencial por la “vía rápida” para aprobar acuerdos comerciales con otros países.
Tal legislación es considerada vital por la Casa Blanca para impulsar la llamada Asociación Trans-Pacífico, un gigantesco tratado comercial entre EE.UU., Canadá y otras 10 naciones de la región Asia-Pacífico que se ha estado negociando ya desde hace casi una década.
Muchos demócratas en ambas cámara del Congreso se oponen a conferirle a Obama esa prerrogativa, y el mes pasado el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, dijo que no planea someter a votación el asunto.
El miércoles pasado, otra prominente demócrata, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló a la prensa que otorgar al presidente esa autoridad estaba “fuera de la discusión”.
Tanto a legisladores demócratas como a sindicatos y grupos ambientalistas les preocupa que acuerdos comerciales multilaterales como los que establecería la Asociación Trans-Pacífico priven a EE.UU. de empleos manufactureros y se queden cortos en cuanto a la protección del medio ambiente.
Obama alabó esta semana a los legisladores por haber aprobado un nuevo tope para la deuda del país, y dijo que los tiempos en los que el Congreso mantenía al gobierno atado de pies y manos para arrebatarle concesiones políticas ya han terminado.
El presidente calificó de decisión correcta la aprobación de ley, que se abrió paso en la Cámara de Representantes y el Senado básicamente con la aprobación de los demócratas, y dijo que se puede “lograr mucho más si el Congreso trabaja con nosotros”.
Pero uno de los aspectos principales de la agenda presidencial, la reforma inmigratoria, sigue estancada por reticencias de los congresistas republicanos, aun cuando Obama pidió que fuese aprobada sin dilaciones y dijo que posponerla “otro año, dos años, tres años, lastima a la gente, daña a la economía y a las familias”.
Sin embargo, no solo es la nueva ley de inmigración lo que distancia a Obama del Congreso, ni la campaña que mantienen sus adversarios republicanos por derogar la ley de salud (Obamacare) o la negativa de estos a elevar el salario mínimo, sino que también en las propias filas de su partido el presidente encuentra oposición.
Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Obama seguirá presionando a los representantes demócratas a favor de una ley que le conceda autoridad presidencial por la “vía rápida” para aprobar acuerdos comerciales con otros países.
Tal legislación es considerada vital por la Casa Blanca para impulsar la llamada Asociación Trans-Pacífico, un gigantesco tratado comercial entre EE.UU., Canadá y otras 10 naciones de la región Asia-Pacífico que se ha estado negociando ya desde hace casi una década.
Muchos demócratas en ambas cámara del Congreso se oponen a conferirle a Obama esa prerrogativa, y el mes pasado el líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, dijo que no planea someter a votación el asunto.
El miércoles pasado, otra prominente demócrata, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, señaló a la prensa que otorgar al presidente esa autoridad estaba “fuera de la discusión”.
Tanto a legisladores demócratas como a sindicatos y grupos ambientalistas les preocupa que acuerdos comerciales multilaterales como los que establecería la Asociación Trans-Pacífico priven a EE.UU. de empleos manufactureros y se queden cortos en cuanto a la protección del medio ambiente.
