Varias compañías activas en Cuba están preocupadas por una medida actualmente bajo consideración del Congreso en Washington que les prohibiría tener acceso a los jugosos contratos que ofrece el Departamento de Defensa de EE.UU. si hacen negocios con la isla.
La medida fue insertada como parte de una ley sobre gastos de defensa aprobada en mayo pasado por la Cámara de Representantes, y afectaría a toda firma que establezca negocios con estados que Washington califica de patrocinadores del terrorismo.
Una versión de la legislación que debate el Senado no contiene tal disposición, pero según informó el diario Sun Sentinel, de Florida, Rivera dijo estar en conversaciones con varios senadores para convencerlos de que la añadan como una “cuestión de seguridad nacional”.
Empresas extranjeras y estadounidenses activas en Cuba después de haber recibido licencias del Departamento del Tesoro para vender alimentos, medicinas y brindar servicios de viajes a la isla están alarmadas de que la propuesta se convierta en ley.
La medida podría ser efectiva en razón a que muchas grandes compañías hacen más dinero vendiéndoles a los militares estadounidenses que lo que les representan sus operaciones en Cuba, y en un momento de débil crecimiento económico estarían obligadas a dejar de lado a la isla para no perder un negocio mayor.
Entre las firmas afectadas estarían las que cuentan con permisos para suministrar alimentos a Cuba, como las gigantes ADM, Cargill, Pedue y Tyson, la exportadora Crowley, y otras grandes compañías como la constructora brasileña Odebrecht, indicó el Sentinel.
La consignadora Crowley opera rutas navieras a la isla desde Port Everglades y Fort Lauderdale, y la brasileña Odebrecht está construyendo un tunel a un costo de $1.000 millones de dólares en el puerto de Miami, y a la vez lleva a cabo la expansión del puerto cubano del Mariel a un costo de $800 millones de dólares.
Recientemente, legisladores de Florida promulgaron una ley similar para prohibir contratos con Cuba por más de un millón de dólares a empresas estatales y locales, pero la legislación fue bloqueda por un juez quien consideró que sólo el gobierno federal, y no los estados, está facultado para dictar la política exterior del país.
La medida fue insertada como parte de una ley sobre gastos de defensa aprobada en mayo pasado por la Cámara de Representantes, y afectaría a toda firma que establezca negocios con estados que Washington califica de patrocinadores del terrorismo.
Una versión de la legislación que debate el Senado no contiene tal disposición, pero según informó el diario Sun Sentinel, de Florida, Rivera dijo estar en conversaciones con varios senadores para convencerlos de que la añadan como una “cuestión de seguridad nacional”.
Empresas extranjeras y estadounidenses activas en Cuba después de haber recibido licencias del Departamento del Tesoro para vender alimentos, medicinas y brindar servicios de viajes a la isla están alarmadas de que la propuesta se convierta en ley.
La medida podría ser efectiva en razón a que muchas grandes compañías hacen más dinero vendiéndoles a los militares estadounidenses que lo que les representan sus operaciones en Cuba, y en un momento de débil crecimiento económico estarían obligadas a dejar de lado a la isla para no perder un negocio mayor.
Entre las firmas afectadas estarían las que cuentan con permisos para suministrar alimentos a Cuba, como las gigantes ADM, Cargill, Pedue y Tyson, la exportadora Crowley, y otras grandes compañías como la constructora brasileña Odebrecht, indicó el Sentinel.
La consignadora Crowley opera rutas navieras a la isla desde Port Everglades y Fort Lauderdale, y la brasileña Odebrecht está construyendo un tunel a un costo de $1.000 millones de dólares en el puerto de Miami, y a la vez lleva a cabo la expansión del puerto cubano del Mariel a un costo de $800 millones de dólares.
Recientemente, legisladores de Florida promulgaron una ley similar para prohibir contratos con Cuba por más de un millón de dólares a empresas estatales y locales, pero la legislación fue bloqueda por un juez quien consideró que sólo el gobierno federal, y no los estados, está facultado para dictar la política exterior del país.
