Se estima que en Estados Unidos hay al menos 270 millones de armas de fuego en manos de particulares, casi una per cápita, lo que posiblemente pasaría inadvertido de no ser por la frecuencia con que su uso por individuos con trastornos psíquicos ha dado lugar a matanzas escalofriantes.
Después de las cometidas en Columbine (1999), en Virginia Tech (2007), y en Denver (en julio pasado) la matanza de este viernes en una escuela de Newtown, Connecticut, ha sido la peor, con saldo de 27 muertos, entre ellos 20 niños, lo que vuelve a poner en carne viva el debate nacional sobre la posesión de armas de fuego.
El autor de la masacre, identificado por las autoridades como Adam Lanza, de 20 años de edad, aparentemente con problemas mentales, tenía en su poder tres armas de fuego, todas registradas legalmente a nombre de su madre.
Una legislación aprobada por el Congreso en Washington en 1993, la 'ley Brady', obliga a verificar los antecedentes penales y psiquiátricos de quienes vayan a adquirir armas de fuego, pero como se ha dicho repetidamente a la hora de aplicar la ley existen fallas.
“Como nación, hemos sufrido demasiadas de estas tragedias en los últimos años—dijo tras el suceso el presidente Barack Obama--. Tenemos que unir fuerzas y tomar medidas significativas para prevenir más tragedias como esta”.
Pero como muchos otros en el país, el estado de Connecticut, donde ocurrió el tiroteo, no exige un permiso especial para poseer rifles o pistolas, y sólo requiere que el comprador sea mayor de 21 años. Las leyes estatales tampoco obligan a poseer un permiso especial para comprar rifles o escopetas, sólo cuando se trata de pistolas.
Los partidarios de la posesión de armas de fuego, que son mayoría en el país, amparan su defensa en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que, efectivamente, les garantiza ese derecho. Y en la práctica las tienen en sus hogares millones de cazadores, coleccionistas y ciudadanos respetuosos de la ley quienes además no consideran que el estado tenga obligación de protegerles y esgrimen el derecho a la autodefensa.
Los que se oponen a la posesión de armas alegan que a pesar de los controles existentes también tienen acceso a ellas miles de asesinos y desequilibrados mentales. El gran argumento de los grupos de presión contra la posesión de armas de fuego es que estas son disparadas contra más de 100.000 personas al año, y sólo en 2010 hubo más de 30.000 víctimas.
Sin embargo, los legisladores que defienden la posesión también son muy activos, y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, fundada hace más de un siglo como una pequeña organización de entusiastas de las armas y cazadores, se ha convertido en la actualidad en uno de los grupos políticos con más poder en el país.
No obstante, el hecho más significativo es que sólo uno de cada cuatro estadounidenses, un número récord, está a favor de una prohibición total de la posesión de armas de fuego en el país, según reveló a fines del año pasado una encuesta hecha por la firma Gallup. Eso a pesar de que el sondeo se llevó a cabo escasos meses después del balazo dado en plena vía pública a la congresista Gabrielle Giffords en Arizona, un suceso que conmocionó a todo el país.
En medio de un escenario en el que unos sostienen que las armas no matan por sí solas mientras otros apuntan que estas son las causantes de que el país esté poseído por una cultura de la violencia, las autoridades se ufanan de que en la última década se hicieron 100 millones de revisiones de antecedentes penales a la hora de vender un arma de fuego y se negaron más 700 mil. Lo que está claro es que algo en el sistema no funciona bien.
Después de las cometidas en Columbine (1999), en Virginia Tech (2007), y en Denver (en julio pasado) la matanza de este viernes en una escuela de Newtown, Connecticut, ha sido la peor, con saldo de 27 muertos, entre ellos 20 niños, lo que vuelve a poner en carne viva el debate nacional sobre la posesión de armas de fuego.
El autor de la masacre, identificado por las autoridades como Adam Lanza, de 20 años de edad, aparentemente con problemas mentales, tenía en su poder tres armas de fuego, todas registradas legalmente a nombre de su madre.
Una legislación aprobada por el Congreso en Washington en 1993, la 'ley Brady', obliga a verificar los antecedentes penales y psiquiátricos de quienes vayan a adquirir armas de fuego, pero como se ha dicho repetidamente a la hora de aplicar la ley existen fallas.
“Como nación, hemos sufrido demasiadas de estas tragedias en los últimos años—dijo tras el suceso el presidente Barack Obama--. Tenemos que unir fuerzas y tomar medidas significativas para prevenir más tragedias como esta”.
Pero como muchos otros en el país, el estado de Connecticut, donde ocurrió el tiroteo, no exige un permiso especial para poseer rifles o pistolas, y sólo requiere que el comprador sea mayor de 21 años. Las leyes estatales tampoco obligan a poseer un permiso especial para comprar rifles o escopetas, sólo cuando se trata de pistolas.
Los partidarios de la posesión de armas de fuego, que son mayoría en el país, amparan su defensa en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que, efectivamente, les garantiza ese derecho. Y en la práctica las tienen en sus hogares millones de cazadores, coleccionistas y ciudadanos respetuosos de la ley quienes además no consideran que el estado tenga obligación de protegerles y esgrimen el derecho a la autodefensa.
Los que se oponen a la posesión de armas alegan que a pesar de los controles existentes también tienen acceso a ellas miles de asesinos y desequilibrados mentales. El gran argumento de los grupos de presión contra la posesión de armas de fuego es que estas son disparadas contra más de 100.000 personas al año, y sólo en 2010 hubo más de 30.000 víctimas.
Sin embargo, los legisladores que defienden la posesión también son muy activos, y organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle, fundada hace más de un siglo como una pequeña organización de entusiastas de las armas y cazadores, se ha convertido en la actualidad en uno de los grupos políticos con más poder en el país.
No obstante, el hecho más significativo es que sólo uno de cada cuatro estadounidenses, un número récord, está a favor de una prohibición total de la posesión de armas de fuego en el país, según reveló a fines del año pasado una encuesta hecha por la firma Gallup. Eso a pesar de que el sondeo se llevó a cabo escasos meses después del balazo dado en plena vía pública a la congresista Gabrielle Giffords en Arizona, un suceso que conmocionó a todo el país.
En medio de un escenario en el que unos sostienen que las armas no matan por sí solas mientras otros apuntan que estas son las causantes de que el país esté poseído por una cultura de la violencia, las autoridades se ufanan de que en la última década se hicieron 100 millones de revisiones de antecedentes penales a la hora de vender un arma de fuego y se negaron más 700 mil. Lo que está claro es que algo en el sistema no funciona bien.
