Ante la imposibilidad de asistir personalmente a un evento programado en la sede de la OEA en Washington, la ex-fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz ofreció una conferencia el martes para hablar de derechos humanos y corrupción desde Colombia.
El Departamento de Estado negó la visa de entrada a EE.UU. el domingo a Ortega, quien fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de su país, instalada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en reemplazo de la legítima Asamblea Nacional.
La noticia fue dada a conocer en Twitter el domingo por el diario Tiempo Latino, de la capital estadounidense.
El Tiempo Latino, no ha dado a conocer más información.
La Voz de América contactó a una persona familiarizada con el asunto, quien desmintió que el vicefiscal Rafael González Arias vendría en reemplazo de Ortega-Díaz.
El martes, la vocera del Departamento de Estado, dijo que por ley federal la información sobre solicitudes de visa, "no importa de quién se trate o la causa", es confidencial. Heather Nauert dijo sin embargo, que el abuso de los derechos humanos en Venezuela, el mal manejo de la economía y el alejamiento del país de la democracia causa profunda preocupación al gobierno estadounidense y es monitoreada de cerca.
Informes de prensa habían indicado que la ex procuradora venezolana solicitó viajar a EE.UU. para declarar públicamente en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los presuntos actos de corrupción, violaciones al orden constitucional y abusos de poder en el gobierno de Nicolás Maduro.
Ortega Díaz habló el martes en Colombia sobre la corrupción gubernamental y el abuso de los derechos humanos en su país.
Señalan los reportes que el Departamento de Estado le habría solicitado pruebas y declarar en privado en la Embajada de EE.UU. en Bogotá, lo que presuntamente no ha ocurrido.
Luisa Ortega Díaz fue destituida del cargo el pasado cinco de agosto por la ANC, por haber denunciado la ruptura del orden constitucional en su país y su desacuerdo con la convocatoria a elecciones constituyentes.
Tras destituirla, el régimen venezolano ordenó el congelamiento de bienes de la exprocuradora, le prohibió salir del país y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. La persecución se extendió a su esposo Germán Ferrer, un exdiputado chavista del oficialista PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el estado Lara, quien fue acusado de corrupción y extorsión.
El 20 de agosto, Ortega Díaz llegó a Bogotá en un vuelo privado, tras escapar de Venezual por Aruba. El gobierno de Venezuela la acusó de ser culpable de las muertes y heridos ocurridos en las semanas antes de su fuga del país. Poco después de llegar a Colombia, la exprocuradora viajó a Brasil donde asistió a un encuentro de fiscales del MERCOSUR.
En Brasil, Ortega Díaz anunció que volvería a Colombia para decidir si acepta el asilo ofrecido por el presidente Juan Manuel Santos. El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes, tras reunirse con Ortega Díaz en Brasilia, confirmó que su país también había ofrecido asilo a la perseguida exprocuradora de Venezuela.
En esa misma conferencia de prensa, el canciller brasileño fue citado por la agencia EFE indicando que Ortega Díaz tenía planeado llevar sus denuncias contra el régimen venezolano a La Haya, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
