Estados Unidos señaló a un militar, un político y dos funcionarios del gobierno de Venezuela, como presuntos colaboradores de la guerrilla colombiana de las FARC en el tráfico de armas y de drogas.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. indicó en un comunicado que los cuatro implicados son el general del ejército Cliver Alcalá Cordones, el representante de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano, Amilcar Figueroa, el congresista Freddy Bernal, y el funcionario de inteligencia Ramón Madriz.
Sin embargo, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado donde asegura que el Departamento del Tesoro cometió "un nuevo hecho que constituye parte de las acciones de agresión permanente contra la República Bolivariana de Venezuela".
A la vez, el diputado oficialista Freddy Bernal, uno de los señalados en el informe, dijo al canal estatal de televisión de Venezuela que con "esas imputaciones se prepara el camino para otras agresiones".
El comunicado del gobierno del presidente Hugo Chávez dice que "rechaza con toda la contundencia, estos anuncios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que constituyen una expresión más del carácter imperial y arrogante con el que actúan estas instituciones contra nuestros países".
"Este tipo de acciones se suman a las permanentes campañas de difamación orquestadas desde los centros del poder imperial estadounidense, con el objetivo expreso de darle sustento a las políticas de hostilidad hacia nuestra patria", asegura el comunicado.
"Es por eso que una vez más denunciamos, ante nuestro pueblo y ante la opinión pública internacional, estas medidas unilaterales y violatorias del derecho internacional, las cuales procederemos a rechazar ante el gobierno de los Estados Unidos".
Los implicados
Según el comunicado, Figueroa es "proveedor principal de armas y un contacto principal para los cabecillas de las FARC afincados en Venezuela", y el oficial de inteligencia Madriz coordinó tareas de seguridad.
EE.UU. acusó al general Alcalá de "usar su posición para establecer una ruta de armas por drogas", y al legislador Bernal la tribuyó "haber facilitado ventas de armas" entre el gobierno venezolano y las guerrillas, consideradas por Washington como terroristas.
Los nombres de los acusados habrían figurado en los archivos de las computadoras confiscadas en territorio ecuatoriano en 2008 tras la operación militar colombiana durante la que murió el jefe de las FARC Raúl Reyes.
Las acusaciones coinciden con una denuncia formulada por la organización no gubernamental International Crisis Group (ICG) , que dijo que Venezuela se ha convertido en lugar de tránsito de cocaína hacia mercados internacionales, especialmente hacia EE.UU y Europa.
De acuerdo con el director para América Latina de la organización, Javier Ciurlizza, se trata de “un fenómeno que ha ocurrido en los últimos cuatro años y ha aumentado de una manera geométrica".
En declaraciones a la prensa, Ciurlizza dijo que la fuerte vigilancia de las rutas terrestres y de las del Caribe y el Pacífico, "dejan al Atlántico como la ruta más barata" a los narcotraficantes para conseguir que la cocaína llegue a su destino.
El estudio de ICG atribuye el hecho a la corrupción y la ineficaz vigilancia y aplicación de la ley por parte del gobierno venezolano.
