La Conferencia de Alcaldes de EE.UU. estuvo hasta ahora a la defensiva ante la ola de referendos revocatorios que se están llevando a cabo en diferentes condados y ciudades del país, como resultado del malestar de muchos ciudadanos con el desempeño de algunos funcionarios públicos electos para cargos en los gobiernos locales.
Pero alarmada por el aparente aumento de los votantes enojados con alcaldes y comisionados (concejales), la institución decidió no seguir cruzada de brazos y ha pasado a la ofensiva con un documental titulado Recall Fever (La fiebre del Revocatorio) para tratar de hacer conciencia en la ciudadanía de que tales referendos además de “destructivos” pueden ser “muy costosos”.
Sin embargo, la gente no parece hacer mucho caso a esos avisos, y en la práctica hasta ahora ha podido más la indignación popular y el desencanto con los políticos que los factores de otra índole. Ballotpedia, una organización sin fines de lucro especializada en seguirles la pista a esos referendos, identificó el año pasado 57 alcaldes que estuvieron sujetos en algún momento a la revocación de sus mandatos (en 2009 habían sido menos de la mitad, 23).
Este año la cifra ya va por 15, desde las ciudades de Portland, Oregón, en el noroeste del país, hasta Miami-Dade, Florida, al otro extremo de la nación, donde los votantes le ajustaron cuentas el mes pasado al alcalde y a una comisionada airados por la desmedida alza de impuestos sobre las propiedades inmobiliarias, y los altos salarios de los funcionarios del condado en tiempos de gran estrechez económica.
En el sur de Florida, la fiebre de los revocatorios parece haber pegado fuerte, y el peligro todavía pende como una espada de Damocles sobre las cabezas de otros comisionados del condado, en medio de un acalorado debate en el que estos parecen no estar dispuestos a aceptar un límite de 8 años en sus mandatos y que además no puedan ejercer como cabilderos durante 10 años después que dejen el puesto.
Tom Cochran, director de la Conferencia de Alcaldes, dice en el documental que en EE.UU. hay “leyes para combatir la corrupción y la malversación cuando un funcionario electo comete una fechoría, pero se ha vuelto demasiado fácil iniciar una campaña de revocación y eso está causando mucho daño”.
Sin embargo, no sólo se trata de que en los 38 estados que permiten la revocación de funcionarios locales se les aplique la ley a quienes muestren una conducta delictiva, sino que mucha gente se siente defraudada porque los políticos prometen una cosa en sus campañas electorales y cuando asumen el cargo hacen otra muy distinta.
Norman Braman, un millonario del sur de Florida, que encabezó con éxito la campaña para destituir al alcalde de Miami-Dade, Carlos Alvarez, después que éste impulsó un alza de impuestos a la propiedad para cubrir un enorme déficit de presupuesto, dijo que “si los alcaldes fueran más responsables ante las necesidades de la comunidad, no tendrían necesidad de enfrentar el riesgo de una revocación”.
Y esa parece ser la regla que ahora está haciendo pensar dos veces si se postulan o no a muchos con aspiraciones políticas. Ron Littlefield, alcalde de Chattanooga, Tennessee, que sobrevivió a un revocatorio en agosto de 2010, dijo temer que la situación actual esté disuadiendo a candidatos potenciales a no postularse.
Las razones abundan. En Wisconsin, por ejemplo, 16 senadores –ocho republicanos y ocho demócratas—están en la mira de comités que han pedido revocarlos después de que secundaron al gobernador del estado en la aprobación de polémicas reformas presupuestarias, que entre otras cosas privaron de derechos colectivos a los trabajadores públicos.
Lo mismo han querido hacer con el gobernador Scott Walker, pero la ley en Wisconsin requiere que los funcionarios electos estén al menos un año en el cargo para poder ser revocados. De no ser así, Walker quizás ya hubiese corrido igual suerte que Gray Davis, revocado como gobernador de California en 2003 mediante el voto popular.
