Dos días después de la intervención del presidente salvadoreño Nayib Bukele acompañado de fuerzas militares en el edificio de la Asamblea Legislativa, Estados Unidos descalificó el procedimiento y llamó al mandatario a proceder bajo los estamentos legales.
EE.UU. calificó este martes como "inaceptable" la irrupción de las fuerzas armadas en la entidad legislativa.
El acto de Bukele fue visto como una medida de presión para que se aprobara un préstamo de 109 millones de dólares con lo que busca impulsar su estrategia de combate a las pandillas.
Un portavoz del Departamento de Estado declaró que el procedimiento "viola la separación de poderes en las instituciones democráticas" del país centroamericano.
"Hemos comunicado este mensaje al gobierno salvadoreño", informó el portavoz, citado por AFP.
El funcionario dio con ello el respaldo de EE.UU. "a la democracia, el Estado de derecho -incluida la separación de poderes- y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en El Salvador".
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de representantes, Eliot Engel, sentenció: “El ejército salvadoreño no debe usarse para resolver disputas entre el presidente y el congreso. Las diferencias civiles deben ser resueltas por las instituciones civiles. Los ojos del mundo están puestos en El Salvador y @nayibbukele en este momento crítico”.
En el ámbito del respaldo al trabajo de EE.UU. con El Salvador, el director de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, dijo que Estados Unidos “está feliz de trabajar con Nayib Bukele para hacer que nuestros países estén más seguros de los delincuentes viciosos”, y agregó que en el trabajo conjunto “han tomado medidas enérgicas contra la MS-13 (Mara Salvatrucha 13)”.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, se refirió al hecho, aliviado de que los caminos actuales conduzcan a una solución, pero fustigó lo sucedido.
“Me uno a todos los actores que están pidiendo un diálogo pacífico para avanzar”, anunció el diplomático.
Este martes Bukele, resignado por las críticas y la presión de los legiladores de varias fuerzas políticas internas, aseguró que no está de acuerdo pero que acatará una orden emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual impone medidas cautelares e imposibilitó al Consejo de Ministros para convocar a una sesión plenaria extraordinaria de la Asamblea Legislativa para aprobar un préstamo para seguridad.
