![Miembros de la Alianza Nacional del TPS en una marcha en Washington D.C. a principios de este año para pedir a la Administración Biden abrir un camino a la residencia permanente. [Foro de archivo]](https://gdb.voanews.com/19f219d5-a193-4537-86d3-30024cebdb90_w250_r1_s.jpg)
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ponderará bajo el mismo parámetro las prórrogas automáticas del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nepal, al estar estos en un proceso judicial diferente a la querella en cortes federales por la cancelación del TPS para El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudan.
Por tanto “la cancelación del TPS para Honduras y Nepal no entrará en vigencia hasta nuevo aviso”, dijo DHS en un aviso de la edición en línea del Registro Federal este miércoles.
La agencia reitera que hondureños y nepalíes solo perderían el estatus legal por faltas individuales que les lleven a inadmisibilidad de la prórroga automática, tanto del permiso de trabajo como de estancia legal en Estados Unidos.
![Miembros de la Alianza Nacional del TPS reclaman que a casi 100 días de la Administración de Joe Biden no existe una clara disposición para resolver su situación migratoria como se les prometió durante la campaña. [Foto: VOA/Tomás Guevara]](https://gdb.voanews.com/21db2fb9-7177-4be5-b577-270e6d87399b_w100_r1.jpg)
La norma se aplicará igual que a los otro cuatro países beneficiarios que están pendientes de una decisión final de la corte, como manda el proceso legal vigente, según explica DHS en el aviso en el equivalente a un Diario Oficial de Estados Unidos.
“Los beneficiarios bajo las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal conservarán su TPS mientras la orden judicial preliminar en Ramos y la orden Bhattarai permanezcan en vigencia, siempre que el TPS de un extranjero no se retire debido a inelegibilidad individual”, reza el anuncio.
Estos seis países vieron uno a uno la cancelación del estatus migratorio desde finales de 2017 hasta mediados de 2018 cuando vencían las reinscripciones dadas por la administración Barack Obama y que la entonces nueva gestión de Donald Trump decidió finiquitar.
Ante tales acciones las demandas colectivas surgieron en cortes federales, la primera interpuesta por ciudadanos estadounidenses cuyos padres tienen TPS y que se ha conocido como el caso Ramos vs. Nielsen que obligó a la anterior administración a mantener una prórroga automática en cumplimiento a la medida cautelar.
Luego con la cancelación del TPS a Honduras y Nepal se abrió otro frente legal en Nueva York, es el caso Bhattarai vs. Nielsen cuyas decisiones judiciales también son vinculantes y aún tienen causa en el sistema judicial de Estados Unidos.
Se calcula que más de 300.000 inmigrantes, en su mayoría salvadoreños -unos 195.000-, el resto de Honduras, Haití, Nicaragua, Sudan y Nepal, gozan del beneficio temporal amparados mientras duran las querellas. La Administración Biden y el ala demócrata del Congreso han pedido aprobar una legislación para regularizar a este grupo de extranjeros, pero esta no se ha discutido en el Senado.
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