Alrededor de mayo de 2017, una inusual petición de un prominente general venezolano llegó a la Casa Blanca: el general Iván Hernández, tanto jefe de la guardia presidencial como de contrainteligencia militar, quería enviar a su hijo de 3 años a Boston para una cirugía cerebral y necesitaba visas para su familia.
Tras días de debate interno, el todavía nuevo gobierno del presidente Donald Trump rechazó la petición, ya que no encontró motivo alguno para ayudar a un miembro del gobierno socialista al que consideraba corrupto y abusivo, pero al que todavía no estaba preparado para confrontar.
Esa decisión, revelada a The Associated Press por un exfuncionario de Estados Unidos y otra persona familiarizada con las conversaciones internas, pudo haber pasado desapercibida si el asesor de seguridad nacional, John Bolton, no hubiera señalado a Hernández esta semana en una transmisión en vivo como una de las tres personas al interior del régimen que se retractó de un plan —supuestamente en el último minuto— para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Pudo haber sido una de varias oportunidades perdidas para ganarse el favor de las normalmente impenetrables fuerzas armadas de Venezuela.
Estados Unidos también rechazó conversaciones extraoficiales con el supuesto cabecilla de los potenciales desertores, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.
Bolton dijo que Hernández, Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, optaron por apoyar a Maduro en el momento de la verdad: cuando el líder de la oposición Juan Guaidó apareció el martes en un paso elevado rodeado por un pequeño cuadro de fuerzas armadas listas para lo que él dijo era la fase final de una campaña para rescatar la democracia de Venezuela, a la cual denominó Operación Libertad.
Poco se sabe del alcance del apoyo para la conspiración. El líder de la oposición Leopoldo López dijo el jueves que llevaba semanas hablando con comandantes del ejército estando bajo arresto domiciliario. El enviado especial de Estados Unidos, Elliott Abrams, dijo que incluso había un documento con el plan para un gobierno transicional que habían acordado altos funcionarios.
“Me dijeron que el documento es largo —creo que 15 puntos— y habla de las garantías para el ejército, para una salida digna de Maduro, y de Guaidó como presidente interino”, dijo al canal de televisión venezolana por internet VPItv.
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.Los tres funcionarios no han negado directamente haber participado en conversaciones con la oposición, pero sí han reafirmado su lealtad a Maduro y permanecen en sus puestos. Una cuarta persona, el general Manuel Figuera, cabeza de la agencia de inteligencia SEBIN, sí rompió filas y desde entonces se desconoce su paradero.
Sin embargo, algunos dudan que los altos funcionarios militares que han amasado enorme poder bajo Maduro, y están sancionados por Estados Unidos, realmente consideraron traicionarlo. En lugar de eso, especulan que la oposición —y por extensión Estados Unidos— pudo haber sido engañada por agentes de inteligencia cubanos en Venezuela.
“Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios”, declaró Padrino López el jueves mientras Maduro estaba de pie a su lado.
Una pista de la aparente resistencia de los funcionarios militares de unirse a cualquier complot respaldado por Estados Unidos puede encontrarse en la historia de previos acuerdos fallidos con autoridades estadounidenses.
El exfuncionario de Estados Unidos y dos personas más acordaron discutir los detalles previamente ocultos de las interacciones bajo condición de no ser identificados debido a la naturaleza delicada de lo que fueron conversaciones privadas de alto nivel al interior de los gobiernos de Trump y Barack Obama.
Durante años, las autoridades estadounidenses intentaron identificar formas de involucrar al ejército, el árbitro por tradición en las disputas políticas en Venezuela. Sin embargo, las opciones se vieron limitadas tras la limpieza profunda que Hugo Chávez hizo de la influencia estadounidense en las fuerzas armadas.
Por eso, con el beneficio de la retrospectiva, sobresalió la petición de visa de Hernández.
Una carta dirigida a la embajada de Estados Unidos en Venezuela del Hospital Infantil de Boston indica que el hijo de Hernández recibió autorización para la cirugía el 14 de marzo de 2017, para la cual la familia había hecho un depósito de 150.000 dólares. Indica que es “lo más conveniente para el niño” es que tanto Hernández como su esposa reciban visas para acompañar al menor durante lo que se esperaba fuera una convalecencia de dos meses. La carta fue proporcionada a la AP por una de las personas familiarizadas con el asunto.
Luego de que se rechazara la petición de visas humanitarias, un ex alto funcionario de Venezuela que coopera con la policía de Estados Unidos recurrió a sus contactos en Washington a nombre de Hernández. Sin embargo, una vez más la petición cayó en oídos sordos, reflejando lo que una de las fuentes consideró una falta de pensamiento estratégico por parte de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.
“Hay un escepticismo legítimo por parte de Estados Unidos para involucrarse dada la cantidad de asesoría cubana en el gobierno de Maduro”, dijo Douglas Farah, un experto en seguridad nacional de Latinoamérica y presidente de la consultora IBI.
“Pero claramente la petición humanitaria puede atravesar muchas barreras ideológicas y pagar grandes dividendos a la larga”, agregó Farah, quien no tenía conocimiento directo del incidente.
De momento no hubo comentario de la Casa Blanca.
Sin embargo, el exfuncionario de Estados Unidos cuestiona la idea de que la petición de visa nunca se consideró seriamente. Aunque dijo que había cierta solidaridad hacia Hernández, señaló que durante años civiles y militares leales al régimen venezolano han disfrutado de libre acceso a Estados Unidos —en donde se han invertido miles de millones de dólares malversados de las arcas venezolanas— y, a pesar de eso, nunca demostraron interés en trabajar con el gobierno estadounidense para restaurar el estado de derecho en la nación sudamericana.
Más aún, durante casi dos décadas de gobierno socialista y hasta mediados de 2017, cuando el gobierno de Trump endureció su postura en respuesta a la represión de las protestas en Venezuela, el cambio de régimen no había sido el objetivo político de Estados Unidos. Así que los funcionarios de la Casa Blanca no querían que pensaran que ellos motivaban una revuelta en las barracas y se mostraban recelosos de interactuar con funcionarios que se enfrentaban a investigaciones de Estados Unidos por narcotráfico o corrupción.
“Si algún alto funcionario va a unirse a un complot, es por una evaluación de sus posibilidades de éxito hecha con la cabeza fría, no porque su hijo recibió tratamiento médico en Estados Unidos hace dos años”, dijo el exfuncionario de Estados Unidos.
Un año antes de que Hernández fuera rechazado, su jefe, Padrino López, también buscó contacto en Estados Unidos, según una de las dos fuentes familiarizadas con el asunto.
A principios de 2016, un asociado de confianza, el general retirado Jimmy Guzmán, viajó a Washington para reunirse con un alto funcionario de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos. Durante un almuerzo en el hotel Georgetown, Guzmán expresó el interés de Padrino López en abrir un canal de comunicación con Estados Unidos y los opositores de Maduro luego de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015.
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Sin embargo, cuando Guzmán regresó a Caracas, los estadounidenses cortaron abruptamente la comunicación, según las dos personas, cuando el jefe del partido socialista, Diosdado Cabello, identificó a dos exiliados venezolanos que mediaron la reunión, acusándolos en televisión de trabajar con Estados Unidos para organizar un golpe de Estado.
Una de las fuentes dijo que Estados Unidos temía que Padrino López hubiera simulado interés para reunir información sobre los planes de los estadounidenses.
Desde hace mucho, Padrino López había sido considerado como un posible caballero blanco. Es uno de los últimos funcionarios en activo que estudió en Estados Unidos y que fue capacitado para operaciones psicológicas en la Escuela de las Américas —un conocido dolor de cabeza para Chávez por su participación en la capacitación de generaciones de dictadores militares de derecha — y luego en la Escuela de Infantería del Ejército, ambas ubicadas en Fort Benning, Georgia.
Sus excompañeros lo recuerdan como un estudiante ejemplar que disfrutó sus dos años en Estados Unidos en la década de los 1990, rentando una casona afuera de la base y formando una familia. Sus dos niños tienen pasaportes estadounidenses, dijo una fuente.
Sorprendió a muchos en Estados Unidos y en la oposición cuando tomó una postura conciliadora en las tensas horas tras las elecciones de 2015, cuando surgió especulación de que Maduro no reconocería la victoria de la oposición. Rodeado por toda la cúpula militar, pidió calma durante un discurso televisado y celebró los todavía no oficiales resultados como una victoria para la democracia venezolana.
De forma más reciente, Estados Unidos ha endurecido su postura hacia ambos hombres. Luego de que al inicio el gobierno de Trump evitara cuidadosamente al ejército con la esperanza de permitirle presionar a Maduro, impuso sanciones financieras en septiembre contra Padrino López. Meses después, hizo lo mismo con Hernández. El Departamento del Tesoro estadounidense lo acusó de comandar una operación de inteligencia estatal a la que le atribuyeron “golpizas brutales, asfixia, cortar plantas de los pies con navajas, electroshocks y amenazas de muerte”.
