Un fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia prohibió que el gobierno de Estados Unidos envíe a los migrantes o sus familias que cruzan la frontera entre EE. UU. y México de forma ilegal a países donde puedan ser “perseguidos o torturados”.
El dictamen, sin embargo, también confirmó la autoridad de la Administración del presidente Joe Biden para continuar expulsando de forma expedita a los migrantes bajo la regla conocida como Título 42, esgrimiendo razones sanitarias frente a la pandemia.
El Tribunal reconoció que la regla permite a las autoridades fronterizas "expulsar de inmediato" a los inmigrantes que ingresan al país sin permiso legal "durante una emergencia de salud pública".
De acuerdo con el dictamen de 32 páginas emitido el viernes, el gobierno puede mantener las restricciones del Título 42, implementadas por primera vez durante la administración del expresidente Donald Trump (2017-2021), en las primeras etapas de la pandemia de COVID-19, pero no podrán enviar a los migrantes a un tercer país u otro lugar “donde puedan ser perseguidos o torturados” por su raza, religión, nacionalidad u opinión política.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda contra el Título 42 junto a otras organizaciones pro migrantes, elogió el fallo del viernes como una "enorme victoria".
Aquellos migrantes procesados bajo el Título 42 son expulsados rápidamente a México o puestos en vuelos de deportación a sus países de origen sin darles la oportunidad de solicitar refugio humanitario en Estados Unidos ante un oficial de asilo o un juez de inmigración.
El fallo plantea la posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga que realizar controles para determinar si una persona atrapada cruzando la frontera tiene o no un temor razonable de persecución o tortura si es expulsada.
Tales evaluaciones dificultarían que la administración Biden continúe con las expulsiones a gran escala de familias en la frontera, dijo a Reuters Aaron Reichlin-Melnick, analista de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo a favor de la inmigración.
Un juez federal dictaminó en septiembre pasado que la política del Título 42 no se podía aplicar a las familias, pero la Administración Biden apeló esa decisión.
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