Un juez federal les prohibió a las autoridades migratorias estadounidenses utilizar bases de datos consideradas deficientes para solicitarle a las agencias policiales que mantengan detenidas a personas que están bajo custodia, lo que representa un revés para el gobierno del presidente Donald Trump que amenaza con obstaculizar la forma en que efectúa arrestos.
El fallo sólo es aplicable en el distrito central de California, donde la ley estatal ya limita fuertemente hasta dónde pueden atender las agencias policiales locales y estatales las solicitudes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Pero el distrito incluye al Centro de Respuesta Policial del Pacífico, perteneciente ICE, en Laguna Niguel, que hace solicitudes las 24 horas a agencias policiales en 42 estados y dos territorios estadounidenses.
El fallo, emitido el miércoles, es aplicable incluso si el ICE saca esas operaciones de Laguna Niguel, ubicada al sur de Los Ángeles.
El juez federal de distrito Andre Birotte Jr. en Los Ángeles dijo que las bases de datos no son confiables para personas que no han sido deportadas ya, ni en procesos de deportación ante un juez de inmigración. La mejor forma de confirmar si alguien cuenta con autorización legal para radicar en Estados Unidos es a través de una entrevista, registros de inmigración u otros documentos, escribió.
Durante la presidencia de Barack Obama, las autoridades migratorias incrementaron drásticamente las solicitudes a las cárceles para que mantuvieran detenidas a las personas 48 horas adicionales si se sospechaba que estaban ilegalmente en el país. Dicha práctica, que ha continuado en el gobierno del presidente Donald Trump, con frecuencia les da tiempo a las autoridades de inmigración para arrestar a la gente antes de que sea puesta en libertad.
En un comunicado, la Casa Blanca señaló que un juez de California del que no dio su nombre emitió “una orden judicial de amplio alcance sin fundamento legal que _si no es cancelada de inmediato_ garantizará la liberación de innumerables delincuentes extranjeros ilegales en nuestras comunidades y pondrá a los ciudadanos en gran riesgo”.
“Este fallo socava los pilares del control de la inmigración y bloquea la tradicional y vital cooperación policial que ha existido durante décadas”, añadió.
El ICE indicó que está revisando la decisión del juez para determinar su impacto y decidir qué hará.
La Unión Americana de Libertades Civiles en el sur de California presentó el caso en nombre de Gerardo Gonzalez, un ciudadano estadounidense que fue sujeto a una solicitud para demorar su liberación en 2012 cuando estaba detenido en el Departamento de Policía del condado Los Ángeles.
De mayo de 2015 a febrero de 2016, 6% de las 12.797 peticiones que emitió el ICE fueron para ciudadanos estadounidenses o para personas que no estaban sujetas a deportación, de acuerdo con expedientes presentados para el juicio el año pasado.
El juez falló en septiembre que las bases de datos que usa el ICE “con frecuencia tienen datos incompletos, errores significativos o no estaban diseñadas para proveer información que fuera usada para determinar la posibilidad de remoción de una persona”.
