El Congreso estadounidense recibió un proyecto de ley que de ser aprobado suspendería la ayuda militar y policial a Honduras.
La medida se tomaría hasta que se sancione a los responsables de los asesinatos de la activista ambiental Berta Cáceres, y otro centenar de activistas del valle Aguán.
La providencia fue propuesta por un grupo de cinco legisladores demócratas encabezados por Hank Johnson, de Georgia.
La iniciativa propone que la asistencia solo se reanude cuando el Departamento de Estado verifique que el gobierno de Honduras ha sancionado a los responsables de la muerte de Cáceres y otros activistas.
También aplicaría hasta que policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos sean sancionados, y el retiro de las fuerzas armadas de labores policiales.
La propuesta de ley dice que "se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, detención ilegal y asesinato".
La suspensión de la ayuda en materia de seguridad incluye fondos para equipo y entrenamiento para la policía y las fuerzas armadas hondureñas.
La legislación también propone que se instruya al Departamento del Tesoro para que vote contra cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de Honduras en las instituciones financieras multilaterales.
La medida establece además la protección efectiva de los derechos de sindicalistas, periodistas, defensores de derechos humanos, activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos, LGBTI, opositores del gobierno y otros activistas de la sociedad civil "para que actúen sin interferencias".
