Mohammed Hafar estuvo paseando por la terminal del aeropuerto JFK, primero se dirigió al monitor para verificar la llegada de los vuelos, luego se fue a la tienda de regalos y, por último, se esperó en la puerta donde salían los pasajeros internacionales.
Al final salió Jana Hafar, su hija adolescente. La joven alta, delgada y de cabello oscuro se había visto forzada a quedarse en Siria por la prohibición de viaje impuesta por el presidente Donald Trump. Mientras tanto, Mohammed Hafar, su esposa y su hijo de 10 empezaron a iniciar sus vidas en Bloomfield (Nueva Jersey) sin una idea clara de cuándo la familia volvería a estar junta de nuevo.
“Cada vez que hablaba con ella, me preguntaba: ‘¿Cuándo me van a dar la visa?’”, relataba el anciano Hafar, recordando los días de incertidumbre que ocuparon la mayor parte de este año. No había “nada que pudiera decirle, porque nadie lo sabía”.
Finalmente la joven aterrizo en el aeropuerto JFK un día de diciembre, una prueba de la determinación de su padre de cumplir su promesa de que algún día se volverían a reunir y de cumplir su voluntad de llegar tan lejos hasta el punto de demandar al gobierno en un tribunal federal. Los defensores dicen que el proceso para obtener una exención de prohibición de viaje hay muchos imprevistos, lo que provoca demoras para miles de ciudadanos estadounidenses que esperan a sus seres queridos.
“El sistema está en mal estado”, dijo Curtis Morrison, abogado de Los Ángeles que ha presentado varias demandas federales, incluida la de Hafar, contra la administración en nombre de docenas de demandantes de países afectados por la prohibición de viajar.
Muchos de los que ha representado han recibido visas. Pero dijo que esos casos representan solo una pequeña fracción de las personas necesitadas y que la decisión de otorgar esas visas es injusta para miles de inmigrantes que no pueden demandar o no saben cómo llevar sus frustraciones a los tribunales.
“El gobierno no debería poder hacer esto, no debería ser capaz de elegir las visas que quiere emitir para poder evadir la revisión”, apuntó Morrison.
Sistema de exención
La tercera versión de la prohibición de la administración entró en vigor en diciembre de 2017, evitando que los ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Corea del Norte, además de los representantes del gobierno de Venezuela, viajen o emigren a Estados Unidos. La Corte Suprema confirmó la prohibición en junio de 2018, en parte debido al sistema de exención prometido que permitiría que ciertas personas, con ciertos criterios, pudieran viajar a pesar de la prohibición.
El gobierno dice que 28,100 solicitudes de visa de inmigrante se presentaron por personas que solicitaron exenciones para mudarse a Estados Unidos entre diciembre de 2017 y el 31 de octubre de 2019. De ellas, 11,325 han sido calificadas para exenciones mientras que 16,775 no.
Se desconoce cuántos de los que se consideraron calificados realmente recibieron visas y con qué rápidez. A principios de 2019, las exenciones se emitían a cuentagotas, y solo 2,673 fueron otorgadas (visas de inmigrantes y no inmigrantes) desde diciembre de 2017 hasta enero de 2019, según cifras del Departamento de Estado de EE.UU.
En un comunicado enviado por correo electrónico, el Departamento de Estado señaló que los cambios realizados a finales de junio ha provocado el aumento “significativo” del número de entregas mensuales. Los funcionarios “creen que esto es representativo de la nueva normalidad”, por lo que “los solicitantes que califican para una exención probablemente tendrán su visa emitida mucho antes que los cambios”.
Aunque algunas solicitudes de visas, tanto de inmigrantes como no inmigrantes, presentadas en los últimos meses están experimentando tiempos de procesamiento y aprobación mucho más rápidos, los casos anteriores aún languidecen y, según dijo Mahsa Khanbabai, un abogado de inmigración en North Easton (Massachusetts), no hay transparencia por parte del gobierno.
“Han engañado a la gente para que piense: ‘Oh, con nuestro nuevo proceso automatizado, esto estará funcionando ahora. Están engañando a la gente para que piensen que sí que funciona”, insistió.
Familia Hafar
Hafar, un ciudadano estadounidense naturalizado desde 1996 y nacido en Siria, vivía en ese país junto a su familia cuando estalló la guerra civil. Regresó a Estados Unidos en 2012, suponiendo que podría transferir la ciudadanía a sus hijos al tiempo que solicitaba por separado a su esposa para que recibiera una tarjeta de residencia con el objetivo de que se convirtiera en residente legal permanente.
Su esposa recibió la tarjeta a principios de 2017, pero los problemas burocráticos obstaculizaron las transferencias de los niños, lo que le exigió que presentara peticiones de inmigrantes por ellos. En 2018, le dijeron que su hijo obtendría su visa, pero no se sabía cuando se la daría a Jana.
“Cuando escuché eso, fue muy doloroso para mí”, decía Jana la semana pasada desde el departamento familiar de Nueva Jersey, donde nunca se alejó de su madre. “Me estaban dejando sola”.
Su hermano Karim llegó a Estados Unidos en mayo, dejando a Jana en Damasco con su abuela y su abuelo, que padecía cáncer y pasaban la mayor parte del tiempo cuidando de él.
Solía llamar frecuentemente a sus padres, que se preocupaban constantemente por su hija. Estaba demasiado angustiada para ir a la escuela y vivir en un país destrozado por el conflicto armado, a pesar de que Damasco se había establecido.
Hafar no podía entenderlo. “Tengo a mi hijo y a mi esposa aquí. ¿Por qué dejaron a mi hija en casa?”, decía.
Farida Chehata, abogada de derechos de los inmigrantes para el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas en California, trabajó con la familia antes de interponer la demanda.
Cuando las personas presentan un litigio, el Departamento de Estado o el Departamento de Seguridad Nacional suelen realizar una notificación rápida.
“De repente están atentos y receptivos, pero solo para esas personas. No todos tienen el lujo de conseguir un abogado”, comentaba Chehata.
Hafar estaba determinad a hacerlo. Le dijo a Jana: “Recuerda esto que te voy a decir: Haré lo que sea necesario para traerte. No voy a dejarte atrás”.
Tras presentar la demanda en agosto, la petición de Jana empezó a tramitarse en octubre y, al poco tiempo, tuvo el permiso para venir a Estados Unidos. El documento oficial llegó pocos días después de cumplir los 15 y pasar un cumpleaños sin sus padres y sin su hermano.
“Ha sido difícil para mí estar lejos de toda mi familia”, relataba. Pero ella creyó a su padre. “Mi papá no me mentía. Siempre me dice la verdad”.
