Los derechos humanos y las implicaciones legales de la implementación de los Protocolos de Protección al Migrante, MPP, más conocido como el programa “Permanecer en México”, fue el tema de la audiencia el martes de la Subcomisión de Seguridad, Facilitación y Operaciones Fronterizas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
“La política Permanecer en México es un paso reprensible hacia atrás, y una continuación del abandono por parte de esta Administración de la larga tradición bipartidista de nuestra nación de proteger a los solicitantes de asilo y refugiados”, dijo Kathleen Rice, demócrata por Nueva York, presidenta de la subcomisión.
Antes de la implementación de este programa, a los solicitantes de asilo se les permitía permanecer en Estados Unidos mientras sus casos pasaban por los tribunales.
Se trataba de “una política basada en la premisa humana y de sentido común de que los refugiados deben recibir refugio temporal mientras se decide si pueden permanecer en nuestro país o no”, dijo Rice.
Bajo el plan de permanecer en México, cuando los migrantes que llegan a la frontera sur informan a un funcionario estadounidense que están buscando asilo, se les proporciona una fecha de corte y se los envía de regreso a México hasta su audiencia inicial.
“Estos migrantes son principalmente de América Central y América del Sur que huyeron de sus hogares para escapar de la violencia y la opresión del gobierno” indicó Rice.
“Las familias que esperan en México bajo esta política enfrentan secuestros, agresiones sexuales y extorsiones”, agregó la legisladora Rice.
El plan, además de provocar otra crisis humanitaria, presenta una seria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, según Rice.
“El programa ha creado una población recientemente vulnerable que quedó completamente expuesta a la explotación por parte de los carteles de la droga, permitiendo que estas organizaciones criminales permanezcan activas a lo largo de nuestra frontera e incluso amplíen su alcance”.
Por su parte, para el legislador Bennie G. Thompson, demócrata por Missisippi, el regreso de migrantes con discapacidades físicas, mentales y de desarrollo a México es inaceptable.
“Enviar mujeres embarazadas a México, donde no hay una vivienda segura o atención médica básica para ellas, es inaceptable; establecer tribunales secretos que el DHS utiliza para procesar a los solicitantes de asilo obligados a Regresar a México va en contra de nuestros valores”, indicó Thompson.
El representante Clay Higgins, republicano por Louisiana, lamentó que la comisión no haya invitado a ningún integrante del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, a la audiencia y destacó hay una idea equivocada común de que la mayoría de la gente que cruza ilegalmente la frontera busca asilo.
“Sin embargo, menos del 20 por ciento de los que están bajo custodia de la Patrulla Fronteriza tienen miedo creíble de retornar a su país de origen”, indicó.
Destacó que DHS ha invertido en cortes cerca de los puntos de entrada en el suroeste de EE.UU. para acelerar las audiencias de inmigración.
La Asociación de Abogados de Estados Unidos, ABA por sus siglas en inglés, está profundamente preocupada porque los Protocolos de Protección de Migrantes discriminan a los solicitantes de asilo de habla hispana y los privan de un acceso pleno y justo al sistema de justicia estadounidense, indicó Laura Peña, abogado pro bono de ABA.
“También nos preocupa la seguridad personal de las más de 55.000 personas que han sido sometidas a esta política. Esta preocupación no es teórica. Hemos visto los efectos prácticos de esta política de primera mano”, señaló Peña ante la subcomisión de Seguridad Fronteriza de la Cámara de Representantes.
