En la primera declaración oficial de un funcionario del gobierno de Donald Trump durante la jornada de Asamblea Constituyente en Venezuela, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikky Haley, descalificó el proceso electoral que hoy se desarrolló en Venezuela, bajo la convocatoria de su presidente, Nicolás Maduro.
A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria diplomática expresó:"La fraudulenta elección de Maduro es otro paso hacia la dictadura.Nosotros no aceptaremos a un gobierno ilegítimo. El pueblo venezolano y la democracia prevalecerán".
La presión internacional que se incrementó durante las últimas semanas contra Nicolás Maduro, ha encontrado este 30 de julio nuevas manifestaciones, por parte de legisladores estadounidenses como el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y por parte de gobiernos vecinos de Venezuela, como el gobierno de Perú y de Brasil. Además de el rechazo, expresado desde el cono sur, por Argentina, antiguo aliado del gobierno de Maduro, bajo la pasada administración de Cristina Fernández de Kirchner.
Más sanciones y más fuertes.
A través de un comunicado, el senador Marco Rubio le pidió al presidente Donald Trump “ampliar las sanciones contra individuos que han cometido o apoyado la violación de derechos humanos y del orden democrático”.
Además, describe el comunicado del legislador estadounidense por Florida, urgió al presidente Trump a que “imponga sanciones de carácter económico sobre el régimen de Maduro” advirtiendo tener cuidado de que las mismas no perjudiquen al pueblo de Venezuela.
A este respecto, en entrevista con la Voz de América, el Sub secretario de Estado para asuntos andinos en el Departamento de Estado, Michael Fitzpatrick, había declarado, que el gobierno estadounidense “no descarta ninguna opción”, al responder si el siguiente paso de las sanciones que impondrá el presidente Donald Trump irán encaminadas directamente contra el presidente Nicolás Maduro.
Desde la Casa Rosada
El gobierno del presidente Mauricio Macri, rechazó el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela, asegurando que "La elección de hoy no respeta la voluntad de más de 7 millones de de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización", en referencia al plebiscito convocado por la oposición el pasado 16 de julio.
Adicionalmente, asegura la Casa Rosada en su comunicado, el presidente Nicolás Maduro procedió "desoyendo desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo los del Mercosur" que enfatizaban el hecho de que la convocatoria "no cumple con los requisitos impuestos por la constitución de ese país.
Perú, Brasil y España, sumaron su rechazo de la Constituyente del Gobierno de Nicolás Maduro junto a Colombia, Panamá y Costa Rica
Desde el ámbito regional, Perú sumó su voz explícita de rechazo al proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela. En el mismo sentido que lo habían hecho hace algunas horas los gobiernos de Colombia y Panamá, el comunicado oficial del gobierno peruano asegura que “esta elección viola las normas de la constitución venezolana y contraviene la voluntad soberana del pueblo, representada en la Asamblea Nacional”.
El pronunciamiento condena explícitamente “la represión violenta” que ha padecido el pueblo venezolano durante los últimos meses.
Aunque el gobierno brasilero fue uno de los primeros en condenar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, desde que fue lanzada por Nicolás Maduro el pasado 1ro. de mayo, este domingo, en un artículo de opinion publicado por el periódico brasilero Folha de Sao Paulo, el canciller de ese país, Aloyso Nunes, no sólo rechazó el proceso, sino que advirtió sobre la creación de una confusion jurídica, “ya que el país pasará a tener dos órdenes constitucionales y vivirá, por lo tanto, un escenario de anomia”, o ausencia de ley”.
Entre tanto el Mercosur evalúa expulsar a Venezuela de los países miembros del organismo.
La presión se incrementó en las últimas semanas
El nivel de deterioro social y político en Venezuela, desató en las últimas semanas, una campaña de presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, que no tiene precedentes en el historial de la crisis del país sudamericano.
Los pasos más recientes los dieron los gobiernos de Colombia y Panamá, quienes través de sus propios mandatarios, aseguraron en las últimas horas que no reconocerán los resultados de la jornada electoral de Asamblea Constituyente que se lleva a cabo este 30 de julio en Venezuela.
La Organización de Estados Americanos, la ONU y el propio gobierno estadounidense, han dado pasos que, sin ser definitivos, sí evidencian que las opciones se reducen para el presidente Nicolás Maduro.
Sanciones económicas desde EE.UU.
Trece altos funcionarios del gobierno venezolano, fueron el último blanco de las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 26 de julio.
Entre ellos, el exvicepresidente Elías Jaua, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el defensor del pueblo, Tarek William Saab y un vicepresidente de la estatal petrolera, PDVSA.
La decisión del gobierno estadounidense, que también incluyó a altos mandos militares del país, no ha sido la primera, ni será la última. El propio presidente Donald Trump, anunció el 18 de julio que si el mandatario venezolano no desistía de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, nuevas medidas “rápidas y firmes” serían impuestas.
Según la tendencia que han seguido las decisiones sancionatorias desde el gobierno estadounidense, desde los niveles más bajos del gobierno hacia los más altos, todo indica que el propio presidente Nicolás Maduro, podría ser el próximo blanco.
La presión desde la ONU y la OEA
“No estamos a favor de la oposición, no estamos a favor del presidente (Nicolás) Maduro. Estamos con el pueblo venezolano”, aseguró la Embajadora de EE.UU. ante la ONU, Niki Haley, al convocar el tema de la crisis venezolana al interior del Consejo de Seguridad del organismo, el pasado 6 de junio.
En ese escenario, la funcionaria diplomática aseguró que es la OEA, el organismo indicado para gestionar una solución política a la crisis, pero también pidió a sus líderes, ir más allá de las palabras.
Para algunos analistas, es muy poco lo que puede hacer la ONU desde el Consejo de Seguridad, pero el Alto Comisionado de Derechos Humanos del organismo, sigue de cerca la profundización de la crisis en Venezuela, y su mandato, le da instrumentos que suman potencia a las voces de denuncia de la oposición venezolana.
¿Es la CPI una alternativa desde la OEA?
A pesar de que la Organización de Estados Americanos, OEA, ha sido el escenario por excelencia donde comenzó a ventilarse el deterioro de las instituciones democráticas venezolanas, la respuesta coordinada del gobierno de Nicolás Maduro, con su grupo de aliados al interior del organismo, han bloqueado, una y otra vez, los esfuerzos del grupo de países que tratan de buscar salidas a la crisis del pueblo venezolano.
El bloqueo ejercido por el gobierno venezolano al interior de la OEA, no ha permitido que desde la Secretaría General, por iniciativa de Luis Almagro, se activen los mecanismos más severos con los que cuenta la Carta Interamericana para defender las democracias de los países miembros.
Lo que para las mayorías son continuas derrotas de la comunidad internacional, para la oposición venezolana, en cada uno de los escenarios antes mencionados, se han dado pasos en la construcción de su caso para llegar, incluso, a instancias como la Corte Penal Internacional, CPI.
El empeño, ha tenido eco, nuevamente en la OEA. El Secretario General del organismo, Luis Almagro, anunció el 21 de julio la adopción de pasos concretos, para analizar qué tan viable es llevar a Nicolás Maduro y sus funcionarios vinculados con la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, entre ellos, la tortura, ante la CPI.
El primero de esos pasos, es el nombramiento, como asesor especial de la OEA, del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. A pesar de que el mismo funcionario explicó las dificultades que un caso como este acarrearía, también dejó claro que si uno de los países miembro de la OEA lidera la denuncia, el también llamado “Tribunal de Roma”, podría asumir el caso. Este, sin duda, sería el paso más contundente dado hasta ahora, por la comunidad internacional, para poner fin a la presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela.
Priorizar las vías diplomáticas
Este domingo 30 de julio, el parlamento europeo también rechazó la Constituyente del Gobierno de Maduro, evidenciando que los mecanismos de presión, se extienden desde varios frentes de la comunidad internacional.
Las vías diplomáticas no se han agotado y aún los sectores más firmes contra la administración de Nicolás Maduro, apoyan, con carácter prioritario, estas iniciativas.
La más reciente de ellas, aunque no se ha mencionado de manera oficial, es factible que provenga del diálogo sostenido por el presidente colombiano Juan Manuel Santos, con el mandatario cubano, Raúl Castro, en su más reciente visita a la Isla.
