Horas antes del inicio de la jornada convocada por el mandatario venezolano, Estados Unidos aún mantenía la esperanza de que el presidente Maduro no realizara la Asamblea Constituyente.
“Siempre hay buena fé. Siempre hay posibilidades”, le decía a la Voz de América, el Sub Secretario de Estado Adjunto para asuntos andinos, Michael Fitzpatrick, a 48 horas de iniciarse la Asamblea Nacional Constituyente organizada por el gobierno Venezolano para elegir a los representantes encargados de escribir una nueva constitución.
Sin embargo, el funcionario diplomático también advertía: “No descartamos nada”. Así se refería a la posibilidad de que el próximo sancionado por el gobierno del presidente Donald Trump, sea directamente el mandatario venezolano.
La advertencia no es una suposición ilógica y la respuesta es suficientemente ilustrativa, si se tiene en cuenta la escalada de sanciones que ha impuesto ya desde hace un tiempo el gobierno estadounidense sobre funcionarios venezolanos, vinculados con presuntas violaciones de los derechos humanos.
Evolución del nivel de sancionados
Las causas de las sanciones, a medida que se ha profundizado la crisis en Venezuela, no sólo han sido ampliadas, sino que han escalado niveles dentro del escalafón gubernamental y las instituciones venezolanas.
Bajo esta perspectiva, cabe recordar que de funcionarios de tercer nivel, las sanciones impuestas por Estados Unidos desde el gobierno del expresidente Barack Obama, se fueron elevando a algunos de sus superiores, hasta llegar, en la actualidad, al propio vicepresidente venezolano, al defensor del pueblo y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral.
El tipo de sanciones ahora no son motivadas sólo por las violaciones de los derechos humanos de los venezolanos, por parte de funcionarios estatales; sino con “personas directamente involucradas en la realización de la Asamblea Constituyente”, “con personas involucradas en abusos a los derechos humanos contra los manifestantes y otras personas que han alzado su voz contra el régimen”. Además de “personas directamente involucradas en la corrupción masiva”, señaló Fitzpatrick a la Voz de América.
Esta descripción, fue justamente la que precedió su frase concluyente: “No descartamos nada”, al responder si el siguiente sancionado será directamente, el presidente Nicolás Maduro.
Tampoco se descartan otras opciones
Estados Unidos no desecharía una posibilidad que podría tomar forma, desde que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó en Cuba al mandatario Raúl Castro, a mediados de julio.
Tras el encuentro en La Habana, no se hizo mención oficial del tema, pero desde algunos sectores de opinión, se ha ventilado la posibilidad de que Raúl Castro facilite una salida pacífica a la crisis, por su cercanía con Nicolás Maduro.
En su entrevista con la Voz de América, Michael Fitzpatrick aseguró que “no descarta ninguna posibilidad”, al referirse expresamente a este hecho, según sus palabras, para llegar a una salida “pacífica y democrática”.
Aunque al mismo tiempo, el diplomático advirtió “francamente”, no tener mucha fé en el régimen cubano, también concluyó que “si pueden facilitar una salida, aún mejor”.
¿Política de garrote y zanahoria?
Según el Sub Secretario Adjunto para Asuntos Andinos, Michael Fitzpatrick, no hay contradicción en la posición estadounidense hacia la crisis venezolana.
Además de imponer sanciones, desde el punto de vista del gobierno de Donald Trump, es igualmente válido “buscar formas con otros países involucrados directamente para trabajar como puente entre el gobierno y la oposición”.
Simultáneamente, aseguró el funcionario, Estados Unidos tiene la posibilidad de adoptar decisiones soberanas, cuando considera que existe una amenaza para el país, y por el carácter de las sanciones impuestas hasta ahora, cuando el gobierno considera que es necesario “defender nuestro sistema financiero”.
Sobre la intervención del Director de la CIA, Mike Pompeo, en el Aspen Security Forum el 20 de julio, en el que indicó que EE.UU. había intercambiado conceptos sobre Venezuela con México y Colombia, el diplomático estadounidense dijo a la Voz de América, que no hay ningún tipo de contradicción, ni “sorpresa” en las acciones de la administración Trump.
En ese sentido, agregó Fitzpatrick, “al fin del día, la amenaza a la democracia venezolana, no viene de Washington, tampoco viene de México y mucho menos de Bogotá”.
Sin ambajes, el funcionario diplomático concluyó: “La amenaza directa, el peligro directo a la democracia venezolana viene desde el palacio en Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro es el peligro más grande a la democracia venezolana y no nosotros”.
Pese a las dificultades de la relación bilateral, las declaraciones de Michael Fitzpatrick reiteraron que el gobierno estadounidense privilegia y prioriza una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana y mantiene abiertos los puentes de diálogo, a través de su embajada en Caracas y del Sub Secretario de Estado para asuntos políticos, Thomas Shannon.
Vea la entrevista:
