Autoridades estadounidenses dicen que no hay planes de cortar las ayudas a Egipto. Sin embargo advierten que las ayudas serán revisadas a medida que sucedan los acontecimientos.
De acuerdo con cifras del gobierno estadounidense, el departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), proveyeron $1.500 millones de dólares en asistencia a Egipto el año 2010. El pedido presupuestal para 2011 es similar.
El portavoz del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dijo a los periodistas que Estados Unidos no quiere ver un particular resultado en El Cairo, sino un proceso que dé a los egipcios la capacidad de determinar su propio gobierno.
“Continuamos proveyendo asistencia a Egipto. Basados en lo que vemos hoy, no anticipamos tomar ninguna acción inmediata” dijo Crowley.
Sin embargo aclaró que “como dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, a medida que se desarrollan los acontecimientos, por supuesto, continuaremos revisando nuestra ayuda”.
La mayor parte de la ayuda de USAID y del departamento de Estado a Egipto está destinada a gastos de seguridad.
Reformas democráticas
Estados Unidos desestimó la decisión del presidente egipcio, Hosni Mubarak, de nombrar a un nuevo gobierno en medio de las actuales protestas en su contra, indicando que la situación requiere acción y no nombramientos.
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo que Estados unidos llama a un cambio en la forma en que funciona el país, pero no dijo que Mubarak debe renunciar.
“Esa no es una decisión de nuestro país o nuestro gobierno. No creo que la gente que busca mayor libertad esté buscando que alguien más decida qué cambio y cómo va a ser”, dijo Gibbs.
Los comentarios de Gibbs surgen cuando Washington envió al ex embajador ante El Cairo, Frank Wisner, para presionar a las autoridades egipcias a que hagan reformas democráticas.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Estados Unidos está presionando a Mubarak para que trabaje a fin de cumplir con las demandas de los manifestantes mediante la suspensión de las leyes de emergencia, permitir que las organizaciones no gubernamentales operen y la liberación de los prisioneros políticos.