La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaló el martes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua que investigará los hechos de violencia y las muertes ocurridas desde abril, cuando comenzaron las protestas sociales en ese país.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y la comisionada Antonia Urrejola, relatora del país, informaron en rueda de prensa que los integrantes del grupo tienen dos objetivos: ayudar en las investigaciones de los hechos de violencia y apoyar el desarrollo de un plan de atención a las víctimas.
"Las investigaciones de los hechos de violencia y las muertes serán los que se registraron entre el 18 de abril y el 30 de mayo de éste año", dijo Abrao, quien señaló que el grupo tendrá autonomía e independencia para operar en el país y sus miembros tendrán acceso a los expedientes.
Los miembros del grupo que llegaron a Nicaragua y que operarán por seis meses son Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti.
Son "personas de alto nivel técnico y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos", dijo Abrao.
Las manifestaciones, encabezadas en su mayoría por estudiantes, empezaron el 18 de abril tras una reforma gubernamental que subió las contribuciones de trabajadores y empresarios a la seguridad social y al mismo tiempo recortó las prestaciones. Pero los ataques de paramilitares y policías convirtieron a las protestas en un reclamo por la salida de Daniel Ortega del gobierno.
La conformación del grupo corresponde a la tercera recomendación de las observaciones preliminares de la CIDH tras su visita a Nicaragua en mayo.
El informe final de esa visita reveló que, hasta el 19 de junio, al menos 212 personas murieron en el contexto de las protestas sociales y en los hechos violentos ocurridos en días posteriores. Sin embargo, organismos no gubernamentales como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informaron que los muertos que han podido documentar suman 309.
Urrejola indicó que la CIDH tiene como prioridad seguir trabajando en Nicaragua para evitar más violaciones de los derechos humanos pero que no pueden ordenar al gobierno del presidente Ortega qué debe y qué no debe hacer en relación con el cese de la violencia.
"Nosotros trabajamos de conformidad con los convenios internacionales y hacemos observaciones, recomendaciones", dijo la comisionada.
Mientras se presentaba a los miembros del grupo se produjeron ataques de fuerzas policiales y paramilitares en Estelí, en el norte, y Masaya y Jinotepe, en el sureste, con varios heridos en cada una de las localidades.
Sobre el plazo de seis meses que trabajará el grupo, los representantes de la Comisión indicaron que se puede extender siempre y cuando las investigaciones así lo ameriten.
