El centro-norte de Ecuador amaneció el lunes con bloqueos en las carreteras y con choques entre manifestantes y la policía, principalmente la Panamericana, mientras que en ciudades como Quito se registran obstrucciones en algunas avenidas en rechazo a la elevación del precio del combustible.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, expresó en entrevista con la red de televisión Teleamazonas que “tenemos este momento un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada”.
El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, quienes fueron invitados el domingo por el presidente Lenín Moreno al diálogo. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan solucionar graves deficiencias en la caja fiscal, que destinaba 1.300 millones de dólares para subsidiar combustibles.
Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.
Unos 180 manifestantes forzaron el lunes la seguridad de las bodegas de una empresa láctea en la población de Lasso, unos 60 kilómetros al sur de la capital, y robaron producto tras agredir a los empleados, las pérdidas aún no han sido cuantificadas.
El gobierno comentó en un comunicado: “rechazamos la agresión y el saqueo, y todo acto que ponga en riesgo vidas humanas y bienes públicos y privados. El gobierno muestra su gran preocupación por el descontrol en la expresión política de organizaciones sociales” y responsabilizó a la dirigencia por “estos actos de vandalismo y delincuencia”.
El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, dijo más tarde en conferencia de prensa que “una planta siendo saqueada, personas con palos impidiendo a otros trabajar, amenazándoles, gritándoles, destruyendo sus camiones, eso no es protesta social, es el cometimiento de un conjunto de delitos y nosotros como gobierno no vamos a permitir que eso suceda”.
Los obstáculos en las vialidades --principalmente árboles derribados, llantas quemadas y montículos de tierra-- iniciaron en cuatro provincias: Chimborazo y Tungurahua, al centro andino, y Pichincha e Imbabura, hacia el norte y se han extendido a otras durante la jornada, con bloqueos de vías. También se ha dado cuenta de enfrentamientos con piedras con la policía y hostigamiento a la prensa.
La situación ocasionó que las clases fueran suspendidas en colegios de la región andina, pero en el resto del país la actividad es relativamente normal.
Los indígenas exigen la derogatoria del decreto que permite la sustancial elevación del precio de los combustibles que pasaron de 1.85 dólares el galón de extra, la más consumida, a 2.39 dólares, mientras que el diésel pasó de 1.03 el galón, a 2.30 dólares.
Los indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la mayor de su tipo, afirmó que las protestas se desarrollarán por tiempo indefinido: “hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional hacia el punto principal que es llegar a Quito”, afirmó Jaime Vargas, presidente de la (COANIE).
El gobierno autorizó la elevación del precio del pasaje urbano entre 5 y 10 centavos, lo cual no impidió que los autobuses dejen nuevamente sin servicio a miles de ciudadanos que se vieron obligados a caminar o utilizar precarias formas de transporte.
Para hacer frente a la situación, el gobierno decretó un estado de excepción, que tiene vigor de 60 días en todo el territorio nacional, lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a requisiciones si es del caso.
No es inusual que el gobierno ecuatoriano utilice el estado de excepción. La última vez se decretó fue a mediados de año, después de que varios reclusos murieran en riñas y protestas en cárceles de todo el país.
Moreno, que asumió la presidencia en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía.
