El movimiento indígena y los sindicatos de trabajadores de Ecuador dijeron el sábado que mantienen activa las protestas y continuarán en las calles en todo el país hasta que el presidente Lenín Moreno desista de las medidas fiscales.
La protesta comenzó el jueves con la decisión de los transportistas de suspender el servicio para presionar al Gobierno a derogar su decisión de poner fin a los subsidios al diésel y la gasolina extra, a la que se fueron sumando movimientos sociales, indígenas y estudiantes.
Sin embargo, el sindicato desistió la noche del viernes de su protesta y retomaba paulatinamente el sábado la operación de sus unidades de buses y taxis, pese a no tener ningún acuerdo con el Gobierno, según sus líderes.
El diario ecuatoriano El Universo señaló que "el manifiesto público de los transportistas, con el que suspenden la paralización, contiene siete puntos, entre los que está la exigencia al Gobierno de que se libere a los dirigentes detenidos hasta la madrugada de ayer".
Por su parte, El Comercio reportó irregularidades en el servicio de transporte, informando que en la mañana del sábado "no se observaban buses urbanos en el sur de Quito, esto pese al anuncio de la finalización del paro de transportistas, que se inició el jueves 3".
Incluso, señaló que había muchas personas esperando en los paradores para poder transportarse y mucho de ellos debieron caminar o transportarse en camionetas.
El medio señaló que las zonas como el corredor Sur Occidental en Quito y el sector de la Loma de Puengasí no estaban en funcionamiento.
Por su parte, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), dijo: "Continuamos con la protesta en cada uno de nuestros territorios. No nos va a debilitar el alza de paro de los transportisas (...), el movimiento indígena está en movilización indefinida en todo el país".
"Con cárcel o sin cárcel la decisión está firme", agregó vía telefónica a Reuters, al informar que varias carreteras a lo largo del país están bloqueadas por comunidades indígenas.
Las protestas del jueves se tornaron violentas en varios ciudades del país, registrando disturbios y destrozos de bienes públicos, lo que obligó a Moreno a declarar un estado de excepción por 60 días y a detener a unas 379 personas hasta la noche del viernes, entre ellos líderes de los transportistas.
El mandatario ha dicho que no desistirá de su decisión de poner fin a los subsidios, que han estado vigentes por décadas, y que está abierto al diálogo para evaluar medidas de compensación para los sectores que se vean más afectados.
El Gobierno anunció que estudia una revisión de las tarifas para el transporte en todas sus modalidades, pero que no será proporcional a los nuevos precios de los combustibles.
"La indignación del paquetazo es del pueblo ecuatoriano (...) el paquetazo es un premio a empresarios, a la banca y por cumplir las recetas del FMI", dijo el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, al ratificar la convocatoria al paro nacional el 9 de octubre.
Ecuador alcanzó en febrero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares con un programa económico de tres años que incluye reformas tributarias, laborales y monetarias y esfuerzos fiscales por reducir el déficit fiscal.
Pérdidas millonarias
Según información publicada en el diario ecuatoriano El Comercio, el Distrito Metropolitano de Quito "pierde USD 110 millones cada día de paralización".
"Además, se calcula que la destrucción que dejaron los enfrentamientos entre manifestantes y policías le costará a la ciudad medio millón de dólares. USD 200 000 serán para recuperar la belleza del Centro Histórico, cuyos bienes fueron atacados".
