Un grupo armado amenazó el jueves con asesinar a la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, y a su hija y le exigió que deje el cargo desde el cual ha procesado por corrupción a altos funcionarios, entre ellos al expresidente Rafael Correa.
En un vídeo que circula en Twitter y otras redes sociales y en el que aparecen al menos a seis hombres con los rostros cubiertos y portando fusiles y ametralladoras, uno de ellos advierte: “ya vas a cumplir años, no quiero arruinarte tu fiesta matándote a tu hija porque antes de matarte te hago llorar y sufrir".
De acuerdo con la captura de pantalla que publicó inicialmente la Fiscalía, la amenaza llegó al teléfono de Salazar en la madrugada del jueves. En 2017 Salazar también había recibido amenazas mientras investigaba el caso Odebrecht, pero no de esta magnitud.
No se puede tolerar que “grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia”, publicó en Twitter el presidente Guillermo Lasso y destacó que el Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones. “Mi apoyo y solidaridad con la Fiscal General... la policía dará toda la protección necesaria”, añadió.
Esa fuerza informó que “ha dispuesto que las mejores unidades de investigación trabajen junto con Fiscalía para dar con los responsables de estas amenazas”.
"No podemos naturalizar la violencia más, cuando está en juego la familia de una Fiscal valiente que ha enfrentado casos fuertes de corrupción”, dijo el ministro del Interior, Juan Zapata, citado en un comunicado de ese organismo. Agregó que se activaron equipos de inteligencia para trabajar en varias líneas investigativas y fortalecer y reforzar la seguridad de la Fiscal y sus allegados.
En un comunicado la Fiscalía rechazó “todo acto de amedrentamiento” e hizo un llamado a la ciudadanía, al Estado y a la comunidad internacional “a mantenerse vigilantes ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y a cualquier costo”.
Salazar denunció esta semana “intentos desesperados” por sacarla del cargo por parte del Consejo de la Judicatura, el organismo administrador de la justicia, y el Consejo de Participación Ciudadana presidido por Alembert Vera, abogado de Correa en varios casos de corrupción.
El primero de esos organismos convocó a una reunión la noche del lunes para conocer un expediente disciplinario contra Salazar y una posible sanción, lo que no prosperó. El segundo la ha citado para el viernes a fin de conocer y procesar una denuncia por el presunto plagio de la tesis de la funcionaria presentada por dos colectivos ciudadanos.
Ni la constitución ni las leyes en Ecuador permiten que la Judicatura o el Consejo fiscalicen o sancionen a la Fiscal General.
Germán Rodas, coordinador de la no gubernamental Comisión Nacional Anticorrupción, dijo a The Associated Press que “hay una concertada acción de algunos sectores para impedir que se sancione a determinadas personas que están vinculadas con la corrupción” y convocó a la Fiscalía a que no ceda ante las amenazas y siga cumpliendo su labor.
Salazar sostiene que la persecución en su contra está impulsada por quienes buscan impunidad, se encuentran privados de la libertad o prófugos de la justicia en referencia a Correa, a su ex vicepresidente Jorge Glas, recién salido de prisión por casos de corrupción; al encarcelado ex contralor del Estado, Pablo Celi; al ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también en prisión por abuso sexual y otros altos funcionarios del gobierno de Correa (2007-2017) procesados durante su gestión al frente de la Fiscalía General.
Correa publicó en su cuenta de Twitter que “esta mujer (Salazar) está chiflada. Ya falta poco”, entre otros señalamientos para descalificarla.
A Salazar le queda un año y 10 meses para terminar su gestión.
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