La contracción de la economía nicaraguense sigue dejando sus secuelas. El gobierno del presidente Daniel Ortega sigue responsabilizando de la crisis económica a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero según opositores y economistas, la responsabilidad es toda del gobierno.
“Aquí el problema no es socioecnómico, es sociopolítico”, afirmó el dirigente opositor Michael Healy, dirigente de la opositora Alianza Azul y Blanco y presidente de la Unión de Productores Agrícolas de Nicaragua (Upanic).
“En el momento en que el gobierno acepte regresar al Diálogo Nacional se podría empezar a mejorar el ambiente y a restablecer la confianza que se ha perdido”, explicó Healy, en entrevista telefónica con la Voz de América.
La más reciente repercusión de la crisis en que Nicaragua se encuentra sumida desde el año pasado fue el anuncio de la filial en Nicaragua de la British American Tobacco de reducir su personal en un 30 por ciento debido al enorme impacto que ha tenido en sus finanzas el incremento de un 210 por ciento de los impuestos al tabaco.
El incremento fue parte de una reforma al código tributario aprobado por el gobierno en un intento por aumentar sus recaudaciones, que se han visto afectadas por la desaceleración de la economía a partir de la violenta represión de las protestas cívicas en abril del año pasado.
Otra de las medidas de dicha reforma que ha afectado severamente a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, fue la del incremento del pago anticipado del Impuesto sobre la Renta, para el cual las empresas deben entregar al gobierno el 3 por ciento de sus ventas mensuales, comparado al 1 por ciento, antes de las reformas según el economista Juan Sebatián Chamorro.
Paralela a esta reforma, se han registrado varios incrementos a los precios de la energía, de los combustible, entre otros.
“Al sector productivo se le han incrementado los costos entre un 25 y un 30 por ciento”, explica Healy. “Hay muchas empresas que han tenido que parar operaciones y cerrar sus puertas debido a las más grandes sanciones que no han venido de Washington, sino del gobierno de Ortega”.
En el caso del tabaco, según Healy, lo que el gobierno ha logrado con el incremento del 210 por ciento es fomentar el contrabando, en el cual afirma están involucrados allegados al gobierno que están introduciendo enormes cargamentos de países vecinos, sin pagar ningún impuesto.
“Es su gente la que está metida en el contrabando”, afirmó. “Y ni la policía ni el ejército están haciendo nada para pararlos. Están permitiéndoles a sus allegados hacer el gran negocio y castigando a los que sí pagamos nuestros impuestos”.
La filial de Briitish American Tobacco informó en un comunicado que están “reconsiderando su presencia” en Nicaragua ya que el incremento del 210 por ciento en los impuestos les obligó a hacer ajustes en los precios de venta, que están por encima de la capacidad adquisitiva de los nicaragüenses.
Y es la salida de Nicaragua de grandes empresas, la que los analistas temen tengan un severo impacto al aumentarse el desempleo en el segundo país más pobre de América Latina, sólo superado por Haití. Las actividades económicas que durante 12 años permitieron al gobierno de Daniel Ortega vanagloriarse de tasas de crecimiento anual de entre el 2 y el 4 por ciento, están básicamente paralizadas.
La construcción de viviendas, edificios de oficinas y nuevos centros comerciales, paralizada. El turismo, que gradualmente venía convirtiendo a Nicaragua en un nuevo atractivo, ha desaparecido llevando al cierre a restaurantes y hoteles de todos los niveles.
El más emblemático hotel y resort de Golf, Mukul, cerró sus puertas el año pasado. Mukul había logrado atraer a vacacionistas como los actores estadounidenses Morgan Freeman y Michael Douglas, entre otros.
Los productores agrícolas mientras tanto, luchan por sobrevivir a pesar de las bajas en los precios internacionales de productos no procesados y los cada día más altos costos de producción, empujados por las constantes alzas en los precios de los combustibles, al margen de si el precio internacional del petróleo sube o baja.
El resultado ha sido una reducción del Producto Interno Bruto de Nicaragua que ha inicios del 2018 se estimaba en unos 13.000 millones de dólares, y ahora se estima puede rondar los 11.000 millones anuales.
Nicaragua se encuentra en una espiral descendente cuyo origen está en la falta de confianza que inspira el gobierno luego de reprimir las protestas de estudiantes y ciudadanos cansadoso del autoritarismo de un presidente que se ha reelecto ya dos veces y no da señales de planear su retiro del escenario político.
El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que en el 2019, la economía nicaragüense se contraerá en un -5 por ciento, luego de una década de crecimiento de entre 2 y un 4 por ciento. El gobierno, sin embargo, maneja un discurso más optimista y hablar de crecimiento similar al que se tuvo antes de que explotara la crisis política.
Según el economista Chamorro, dirigente de la Alianza Cívica, ni siquiera el relanzamiento del Diálogo Nacional podría detener el colapso de la economía nicaragüense. Se requiere de más, dice.
“El problema es que tenés que solucionar la crisis sociopolítica”, explicó Chamorro a VOA, vía telefónica. ”Ya en un ambiente de elecciones limpias y transparentes se generarían situaciones de confianza, mientras no estén esos cambios no habrá mejorías, sino todo lo contrario”.
La oposición ha exigido desde los primeros días de la crisis, que el gobierno adelante al año 2020 las elecciones del 2021 y que se permita una observación electoral irrestricta, así como un cambio total del sistema electoral, desacreditado por considerarse controlado por simpatizantes de Ortega.
Ortega, por su parte, ha rechazado tajantemente adelantar las elecciones y ha caracterizado las protestas como un “intento de golpe de Estado”.
El ministro de Hacienda, Iván Acosta, dijo recientemente al presentar el proyecto de presupuesto de la República, que con dicho presupuesto se está trabajando para regresar a los mismos índices de crecimiento que se tuvo antes de lo que ellos llaman "el golpe de Estado". Insistió en que no se puede olvidar a los "resonsables".
"Sin olvidar a los responsables, aunque algunos quisieran que lo olvidaramos pero va a llegar el año 2050 y siempre vamos a recordar como el terremoto del 72, no lo olvidamos el terremoto del 72, siempre vamos a decir: este país iba desarrollándose más rápido y las fuerzas antipatrióticas golpistas truncaron no solo la vida de los que la perdieron en esos incidentes posgolpe, sino que también truncaron la vida de muchos nicaragüenses de sus viviendas, sus vehículos, su bienestar, su empleo, no debemos olvidar a los responsables", dijo al portal digital oficialista, El 19 Digital.
El reto de Ortega será mantener el país a flote y sin caer en el colapso financiero para poder salir victorioso en las próximas elecciones, o por lo menos con una suficiente presencia parlamentaria para evitar que un próximo gobierno pueda desmantelar los tentáculos con que su partido político, el Frente Sandinista, ha venido abarcando los distintos poderes del Estado nicaragüense.
