Condiciones muy difíciles denuncian cientos de activistas nicaragüenses, quienes hace cinco meses fueron excarcelados tras la aplicación de una ley de amnistía. Encontrar un empleo o retomar sus negocios es la mayor dificultad que enfrentan, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos del país centroamericano.
Antes que estallara el conflicto sociopolítico en Nicaragua, Marlon Fonseca tenía una pequeña empresa de publicidad, donde le iba relativamente bien. En abril de 2018, decidió participar en las protestas contra el gobierno.
“Nos involucramos en el asunto de la política para luchar por los derechos”.
Marlon estuvo en prisión por casi un año, acusado de cometer actos terroristas contra el Estado.
A cinco meses de haber salido de prisión, tras la aplicación de una ley de amnistía, asegura que no ha podido retomar su pequeño negocio porque, según él, sus antiguos clientes prefieren no involucrarse con activistas excarcelados.
“No podés hacer nada porque tenés limitantes por tu posición política, por tu posición de excarcelado”, dice Marlon.
La situación económica que enfrenta este hombre de 30 años es similar a la que atraviesan cientos de opositores excarcelados, según explicó Pablo Cuevas, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
“Presos políticos salieron y tal vez tenían pequeños negocios y tuvieron que cerrar esos negocios”.
El diputado oficialista Luis Barbosa aseguró a la Voz de América que la situación de desempleo que enfrentan los excarcelados es porque fueron víctimas de mancipación por parte de la oposición.
“Utilizaron a esa pobre gente, que al final la usaron para un golpe de Estado”.
Mientras tanto Marlon mantiene la esperanza de que su situación cambie cuando el gobierno y la oposición vuelvan al diálogo para resolver el conflicto.
