Unos cuatro meses antes de que Joe Biden asumiera la presidencia de Estados Unidos, sus asesores empezaron a debatir sobre cuál sería la manera más rápida de revocar las duras políticas migratorias de su predecesor.
La respuesta, casi siempre, era que la huella dejada por Donald Trump tenía que ser borrada rápido, mientras más rápido mejor.
Activistas migratorios frustraron una propuesta de devolver a migrantes que hayan cruzado ilegalmente, obligándolos a primero buscar protección en otros países. Rechazaron hipótesis según las cuales habría un masivo aumento de migrantes en caso de que las políticas de Trump se desmantelen.
Al final, Biden reconoció la posibilidad de que habría un aumento en la llegada de migrantes, pero insistió en que las políticas de Trump eran crueles e inhumanas y tenían que ser anuladas.
Biden asumió la presidencia el 20 de enero e inmediatamente la cantidad de migrantes llegando a la frontera superó toda expectativa. Los planes de reanudar plenamente el procesamiento de solicitudes de asilo en los puestos fronterizos quedaron frustrados.
La cantidad de niños no acompañados entre los migrantes alcanzó alturas sin precedente en marzo, cuando constituyeron la mayoría de las 4.500 alojadas en tiendas de campaña, erigidas para no más de 250 personas. La cantidad de migrantes detectados por la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas batió récord en junio y julio, refutando previsiones de una disminución.
En septiembre, unos 15.000 refugiados, en su mayoría de Haití, acamparon bajo un puente en el pequeño poblado fronterizo de Del Rio, Texas. Durante días reinó el caos mientras los migrantes cruzaban de un lado a otro de la frontera, yendo a comprar suministros y viviendo en desorden. Circularon por internet fotos de agentes migratorios tratando de acorralar a migrantes con sogas como si fueran ganado.
El gobierno estadounidense empezó a expulsar masivamente a los haitianos, aunque al mismo tiempo permitió que miles se quedaran. Las contradicciones le valieron críticas de ambos extremos políticos, reflejando la dificultad en revertir las políticas de Trump sin tener primero un sistema eficaz de asilo.
Algunos factores fueron problemáticos, independientemente de quién sea el presidente, como por ejemplo los enormes retrasos en los tribunales de inmigración, que tardan en promedio cuatro años para decidir un caso.
Pero una investigación de la AP y del consorcio AIM Media Texas -- en base a documentos internos y entrevistas con múltiples funcionarios y ex funcionarios de Estados Unidos y México, migrantes, directores de albergues, activistas y otros -- muestra cómo un gobierno lleno de activistas migratorios no estaba preparado para una masiva llegada de gente pidiendo asilo. Muchas de las fuentes hablaron sólo a condición de anonimato al no sentirse cómodas revelando consultas internas.
Cuando se le presentó a la Casa Blanca los resultados de dicha investigación, reaccionó defendiendo sus medidas.
“Después del caos, la crueldad y las prioridades invertidas características de los cuatro años de Trump, estamos construyendo un sistema migratorio justo, ordenado y humano y eso no ocurrirá de un día a otro”, expresó el portavoz Vedant Patel.
“En un breve espacio de tiempo, la administración sigue cumpliendo con sus promesas”, añadió.
El sistema de pedir asilo
Si bien el gobierno de Biden está tratando de deshacer las políticas migratorias de su predecesor, es también cierto que heredó un sistema de asilo desde hace años disfuncional y que fue un dolor de cabeza para otros presidentes.
En el verano del 2014, una enorme cantidad de niños no acompañados provenientes del llamado Triángulo del Norte — Guatemala, El Salvador y Honduras — llegaron a la frontera con Texas, un cambio radical con respecto a las tendencias anteriores en que la mayoría de los migrantes eran hombres mexicanos, y lo que animó posturas más duras entre un grupo de funcionarios que luego participaron en la administración Biden. Desde entonces la cantidad de migrantes ha repuntado periódicamente.
Para año fiscal 2019, dos tercios de los detenidos en la frontera eran de Guatemala, El Salvador y Honduras, y más de la mitad eran familias, ambas cifras sin precedente. Los encuentros de la Patrulla Fronteriza con adultos individuales se dispararon bajo el año final de la administración Trump tras la aprobación del llamado Título 42, una norma que permitió expulsar a migrantes sin darles el derecho a pedir asilo, como medida de emergencia bajo la pandemia del coronavirus. Para tales migrantes no había consecuencia legal alguna, lo que alentó la reincidencia.
Bajo esas difíciles circunstancias, Biden asumió la presidencia, rodeado de expertos y activistas en el tema migratorio. Esther Olavarría, una abogada de inmigración que trabajó para el senador Ted Kennedy y para la presidencia de Barack Obama pero que antes fue activista en la zona de Miami, fue miembro del Consejo de Políticas Internas de la Casa Blanca junto con Tyler Moran, quien era director ejecutivo de The Immigration Hub, un grupo de defensa de migrantes.
Entre otros funcionarios importantes estaban David Shahoulian, quien el mes pasado renunció por razones personales a su cargo de subsecretario de Seguridad Nacional para inmigración y seguridad fronteriza y Roberta Jacobson, antes embajadora en México y diplomática de larga data en Latinoamérica quien aceptó trabajar por 100 días en el Consejo de Seguridad Nacional como coordinadora para asuntos de la frontera sudoccidental.
La política de "permanecer en México"
Pese a las inquietudes, Biden insistió en cumplir su promesa de anular la política “Permanecer en México” aplicada por Trump. Esa norma, cuyo nombre oficial es “Protocolo de Protección de Migrantes”, dejó a unos 70.000 solicitantes de asilo esperando fuera de territorio estadounidense hasta su cita en un tribunal de inmigración.
Si bien los cruces fronterizos disminuyeron marcadamente tras la aplicación de esa norma, miles de migrantes se vieron obligados a esperar en condiciones precarias en poblados fronterizos mexicanos, donde era difícil conseguir empleo y casi imposible conseguir un abogado de inmigración. El grupo Human Rights First registró 1.544 casos de violencia en esos campamentos, incluyendo asesinatos, violaciones, torturas y secuestros.
Durante la transición presidencial en Washington, los activistas clamaron por la anulación inmediata de esa política, pero surgió el consenso hacia una eliminación más bien gradual.
En las primeras semanas de la presidencia de Biden, una de las prioridades fue organizar la complicada logística de permitir que unos 26.000 solicitantes de asilo permanezcan libres en suelo estadounidense mientras sus casos eran procesados.
Una de las dificultades era que los documentos estaban todos en papel y en muchos casos los migrantes no habían colocado dirección ni número de teléfono. Las autoridades estadounidenses, coordinadas con agencias de la ONU, estaban inquietas por la posibilidad de que una concentración de personas en la frontera cause condiciones inseguras e insalubres, y de que los migrantes deportados vuelvan otra vez a intentar la peligrosa travesía.
La Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lanzó un website para solicitantes de asilo el 12 de febrero, pero de inmediato sufrió problemas técnicos. La gran cantidad de opciones sembró confusión y llevó a la agencia a remodelar el portal.
Pese a los tropiezos tempranos, más de 11.000 solicitantes de asilo habían regresado a Estados Unidos para el 1 de junio, cuando el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas declaró oficialmente anulada dicha política, en base a una investigación que halló una mera “eficacia mixta”. Otros migrantes, cuyos pedidos fueron denegados bajo Trump, pudieron ingresar al país a partir de fines de junio.
A medida que aumentaba la llegada de migrantes en la frontera, Amy Pope se incorporó al equipo de la Casa Blanca en marzo tras haber asesorado a Biden durante la campaña y en el 2014, cuando Biden era vicepresidente y Obama le pidió lidiar con la llegada de menores en la frontera. Pope tenía la tarea de forjar un consenso entre los activistas migratorios y los funcionarios inclinados hacia una postura más dura, mientras se procesaba su aprobación como la segunda funcionaria de mayor rango en la Organización Internacional para la Migración.
Los menores no acompañados
Algunos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional estaban frustrados por lo poco preparado que estaba el Departamento de Salud y Servicios Humanos para lidiar con la llegada de niños no acompañados. Por ley, los niños podían estar detenidos por un máximo de 72 horas y a partir de entonces tenían que ser llevados al hogar de un padre o familiar cercano.
Los participantes en las primeras reuniones afirman que los representantes de Salud y Servicios Humanos no emitieron ninguna voz de alerta. El 7 de febrero, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza inauguró un enorme complejo de tiendas de campaña en el Rio Grande Valley, donde colocó a más de 500 niños en un espacio diseñado para 32 debido a las normas de distanciamiento social. Los espacios estaban separados por cortinas de plástico -- y no por rejas metálicas como lo estaban bajo las administraciones de Trump y Obama -- pero el hacinamiento era igual o peor.
“Si ellos (Salud y Servicios Humanos) se encargarían de los chicos, sería mejor para todos”, expresó en ese entonces Oscar Escamilla, director ejecutivo de la zona Rio Grande Valley de la Patrulla Fronteriza
“Estamos a la fuerza en este negocio (de cuidado infantil) porque no hay nadie a quien entregarlos”, añadió Escamilla durante una inspección de la instalación en Donna, Texas, el 30 de marzo.
En ese entonces, el tiempo en que un niño quedaba detenido a veces llegaba a los 20 días, y en promedio era 61 horas más que las 72 horas máximas previstas en la ley.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos entró en acción tarde, asistido por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. En pocas semanas abrió varios albergues para menores, rentando teatros, bases militares y centros de convenciones en San Antonio, Dallas, San Diego y Long Beach, California.
Para fines de abril, el departamento tenía más de 22.000 menores bajo su cuidado, pero al mismo tiempo llegaban más y otros estaban siendo dejados con familiares mientras cursaban sus solicitudes de asilo. Incluso llegaron más niños no acompañados en julio, batiendo el récord fijado en marzo.
El 19 de marzo, por primera vez, la Patrulla Fronteriza empezó a dejar en libertad a familias con advertencias para que se reporten a una oficina de inmigración en espacio de 60 días, en vez del aviso más dilatado de comparecer ante una corte de inmigración. Debido a que el procesamiento de solicitudes estaba consumiendo el 40% de los recursos de la Patrulla Fronteriza, la agencia llegó a la conclusión de que no tenía otra alternativa. Troy Miller, comisionado interino de la Patrulla, aseveró en una interpelación en el Congreso que ese cambio “redujo la carga burocrática por la mitad”.
Para el 10 de septiembre, la Patrulla había dejado en libertad a 107.817 personas sin aviso formal de comparecer ante tribunales, según un documento interno. De ellas, 29.863 (un 28%) no comparecieron ante el ICE a tiempo.
El aumento de los cruces fronterizos
Ya siendo presidente, Biden empezó a asistir a reuniones semanales sobre el tema fronterizo. Sin embargo, las reuniones se hicieron menos frecuentes a medida que las restricciones por el COVID-19 eran levantadas y empezaron a disminuir las llegadas de menores no acompañados en marzo. Pero el alivio fue efímero: Los reportes de la Patrulla Fronteriza empezaron a mostrar un pronunciado aumento de llegadas a la frontera a fines de junio, a pesar de que la tendencia era que en esos meses disminuían debido al sofocante calor típico de esos meses.
Entre el 18 y 24 de julio, la Patrulla Fronteriza detuvo a más de 20.000 migrantes en el sector Rio Grande, mucho más que cualquier semana anterior. De sus cinco semanas con mayor número de migrantes detenidos, cuatro fueron entre junio y julio; la otra fue en marzo.
Brian Hastings, director de ese sector, le escribió a la cúpula de la Patrulla Fronteriza el 26 de julio que la organización Catholic Charities of Rio Grande Valley estaba copada, ya no tenía lugar para más migrantes, lo que obligó a esa agencia a dejar a miles de migrantes en una estación de autobuses en McAllen, Texas. Añadió que Salud y Servicios Humanos le estaba dando prioridad a los menores con mejores probabilidades de encontrar casa, por encima de los que más tiempo llevaban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, es decir adolescentes mayores y jóvenes embarazadas.
“Sé que ustedes están abrumados allá, pero tenemos que moverlos (a los menores no acompañados)”, escribió ese mismo día el subdirector de operaciones de la Patrulla Fronteriza.
“Este tema está llegando a los niveles más altos de esta Administración. Sólo quiero asegurarme de que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Sé que esto es difícil, igual que todo lo demás”, añadió.
Sorpresa en México
Si bien es verdad que la administración Biden subestimó la cantidad de migrantes que llegarían a la frontera, México dio una sorpresa que puso en duda la aplicación del Título 42, la medida que estipulaba la expulsión de migrantes por razones sanitarias debido a la pandemia.
El 23 de enero, las autoridades en el estado mexicano de Tamaulipas anunciaron que no aceptarían más migrantes centroamericanos expulsados por Estados Unidos.
Otros estados mexicanos sí siguieron aceptando a los migrantes, pero Tamaulipas forma la mayoría de la frontera con Texas, de lejos la zona más usada para cruces limítrofes. Ello concentró más aun los cruces en el sur de Texas: más de la mitad ocurrieron en los sectores Rio Grande Valley y Del Rio en agosto, comparado con menos de un tercio un año anterior.
“Hubo gran frustración e irritación” con México entre el gobierno estadounidense al anunciarse la medida, reveló una fuente oficial. Funcionarios de la Patrulla Fronteriza que consultan a diario con autoridades mexicanas sobre temas menores también argumentaron a favor de un cambio. Tardó mucho tiempo hasta que autoridades estadounidenses lograron hablar por teléfono con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Garcia Cabeza de Vaca.
Los diplomáticos mexicanos expresaron empatía, pero insistieron en que el cambio respondía a una ley de atención al menor aprobada en enero, que le prohibía a su agencia migratoria detener a menores y le obligaba a evaluar caso por caso qué acción era lo mejor para el niño.
Los estadounidenses le pidieron a México demorar la implementación de la ley, y construir más albergues a fin de cumplir con la nueva norma. Al ver que México no hacía nada al respecto, funcionarios estadounidenses llegaron a la conclusión de que García Cabeza de Vaca estaba tratando de entorpecer la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, un rival político suyo.
Hastings contactó a los jefes de los demás sectores, para ver si podría trasladar allí a más migrantes. A inicios de marzo consiguió autorización para dos vuelos diarios a El Paso, Texas, desde donde los migrantes podrían ser trasladados a Ciudad Juárez. Pero en pocos días las autoridades mexicanas advirtieron que sólo podían aceptar 100 personas por día. Empezaron a trasladar migrantes en un vuelo por día, desde Rio Grande Valley a El Paso, o a San Diego, desde donde los migrantes eran trasladados a Tijuana, México.
Las autoridades de Tamaulipas inmediatamente dieron marcha atrás y aceptaron familias con niños de 7 años o más, pero el impacto fue limitado. En julio, sólo el 12% de las 83.000 familias detenidas en la frontera fueron expulsadas bajo el Título 42.
Retórica dura mientras aumentaban llegadas
El 29 de enero, un tribunal federal de apelaciones autorizó la expulsión inmediata de menores no acompañados bajo el Título 42. Como padre y abuelo, Biden no podía aplicar esa ley, no podía aceptar el traslado de menores a peligrosos poblados fronterizos sin sus padres.
Debido a la renuencia de México en aceptar a las familias migrantes, y a la renuencia de Biden en expulsar a menores no acompañados, el Título 42 básicamente se convirtió en una herramienta para deportar a adultos.
Entretanto en el Rio Grande Valley, una región de 1,3 millones de habitantes surcada por ríos, proliferaban de noche las balsas que llevaban a las familias de una frontera a otra.
Los traficantes ayudaban a los migrantes a atravesar ríos con el agua llegándoles a las rodillas, atentos de no tocar suelo estadounidense donde la Patrulla Fronteriza pudiera detenerlos. Los agentes esperaban a que las balsas llegaran a la orilla, tras lo cual escoltaban a los pasajeros a camionetas que los llevarían al centro de procesamiento en el puente fronterizo en Hidalgo, Texas.
Si no había ningún agente alrededor, los migrantes caminaban tranquilos en la oscuridad de la noche, guiados por el brillo lunar, por senderos agrestes poblados de maleza y bajo la amenaza de ser mordidos por culebras o escorpiones.
Biden y sus allegados ofrecían una retórica dura — la vicepresidenta Kamala Harris, en una visita a Guatemala en junio, declaró “No vengan”, y lo repitió para darle énfasis — pero los migrantes seguían expresando esperanzas de un cambio de política bajo Biden y compartían relatos de cómo sus amigos o familias habían sido dejados en libertad en territorio estadounidense sin mayor demora.
Jenny Clemente, una madre salvadoreña de 29 años de edad, narró que salió rumbo norte al ver en las noticias cómo muchas familias ingresaban a Estados Unidos. María Serrano, una mujer salvadoreña de 40 años de edad, salió con su hija de 10 años el 18 de julio al escuchar que Biden estaba permitiendo la entrada de familias con menores. Otra madre de El Salvador, que pidió no ser identificada, partió una semana después con su hija de 12 años al escuchar que una vecina logró entrar con su hija.
Las tres terminaron deportadas a México el 21 de agosto, sin saber qué hacer ahora.
Aumento del patrullaje
Pasada la mitad del verano, cobró impulso la actitud más dura a medida que se le agotaba la paciencia al gobierno estadounidense. La Casa Blanca regularmente consultaba con grupos proinmigrantes, pero las relaciones fueron deteriorándose a tal punto que los activistas abruptamente pusieron fin a una reunión con Olavarría en octubre.
En agosto, las autoridades estadounidenses empezaron a deportar a centroamericanos a territorio bien adentro de México, donde las autoridades mexicanas los recogían y los deportaban a Guatemala. Inicialmente se decidió que serían 24 vuelos por mes, pero la agrupación Witness at the Border contó 36 en agosto y 44 en septiembre.
Fue entonces que la administración se vio con la llegada de 15.000 migrantes a Texas, en su mayoría de Haití. México se ha negado a aceptar migrantes que no sean de México, Guatemala, Honduras o El Salvador.
Mayorkas ha dicho que la llegada de los haitianos fue sorpresiva, pero fuentes oficiales afirman que Colombia pasó el dato que los migrantes se estaban abriendo paso desde Panamá rumbo norte. Un funcionario estadounidense indicó que el jefe de la Patrulla Fronteriza en Del Rio, Robert Garcia, pidió refuerzos a la central, dos semanas y medio antes del 18 de septiembre, cuando llegó al máximo la cantidad de haitianos en el lugar.
Estados Unidos ha repatriado a Haití a unos 8.000 refugiados desde el 19 de septiembre, una de las repatriaciones más voluminosas de la historia. Las expulsiones, aunadas al tratamiento sufrido por algunos de los migrantes, le valieron fuertes críticas a la administración Biden, incluso por parte de demócratas.
¿Reformas? ¿Cuáles reformas?
La inmigración no es un tema tan prioritario para Biden como lo era para Trump, y en el equipo de gobierno actual no hay un funcionario como Stephen Miller, el asesor de Trump cuya implacable fijación con el tema migratorio le llevaba a llamar por teléfono a sus subalternos varias veces al día, exigiendo actualizaciones.
Pope, una estrecha allegada de Biden, renunció en julio para aceptar el cargo en la Organización Internacional de Migración, en Ginebra.
Un documento interno fechado diciembre del 2020 estimó que sería posible procesar 3.000 solicitudes de asilo en cruces terrestres y 12.000 al mes, dentro de 180 días. Ello nunca ocurrió.
La administración ha aplicado pequeñas reformas, como la agilización de los pedidos en casos familiares o la restauración de una norma de la época de Obama que permite a los menores solicitar en Centroamérica reencontrarse con sus padres en Estados Unidos, en vez de realizar la peligrosa travesía. La propuesta más ambiciosa — traída de la institución académica Migration Policy Institute — ha sido la de asignar a oficiales especializados en temas de asilo a la frontera, para agilizar los procesos.
A pesar de dicha propuesta, que no fue publicada sino hasta agosto pasado, el gobierno de Biden aún no ha difundido detalle alguno de un sistema más “humano” para otorgar el asilo, como había prometido durante la campaña.
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