La emergencia humanitaria compleja continuará profundizándose en Venezuela y muchos ciudadanos seguirán saliendo forzosamente del país para intentar mejorar su calidad de vida, mientras persisten las violaciones a los DDHH en diversas áreas, sostienen investigadores del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
En su informe 2022, Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, destaca que el año pasado persistió una política de opacidad, afectación de salarios, violación de contratos colectivos, fallas en los servicios públicos y sociales, entre otros.
Lissette González, coordinadora de investigación de Provea, explicó que en 2022 se registraron 824 presuntas violaciones del derecho a la vida y atribuye el descenso, en comparación con 2021, cuando se documentaron 1.414 violaciones, al trabajo de mecanismos internacionales de DDHH y al inicio de la investigación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Sin embargo, de acuerdo al informe, el año pasado se documentaron 2.203 víctimas de violaciones como torturas, tratos crueles, allanamientos, amenazas, entre otras; un 68,6% más que en 2021.
Además, precisó que en los 10 años de gobierno de Maduro ha habido 87 dirigentes sindicales detenidos y 3.512 víctimas de amenazas.
González puntualizó que en 2022 registraron 95.920 denuncias de violaciones del derecho a la salud, lo que significa un incremento de 34,7% respecto al 2021.
“La mortalidad materna aumentó 124% en los últimos 3 años. Este es un dato especialmente importante porque refleja la incapacidad del sistema de salud público de atender un requerimiento básico y que no tendría que ser una complicación como es la atención materno infantil”, expone el informe “Desigualdad e impunidad: la pandemia de Venezuela”.
Un 2023 sombrío
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, considera que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una “gran fábrica de destrucción y desigualdad para los venezolanos” y afirma que la única política pública en el país es la “preservación y concentración del poder”, pero no la satisfacción de las necesidades de los venezolanos.
Alertó que, a medida que se acerca un escenario electoral, aumentará la persecución y el hostigamiento contra la sociedad civil, según los patrones que han observado en los últimos años.
“Vamos a seguir siendo testigos de importantes niveles de exclusión y discriminación. Algunas decisiones que se tienen que tomar están siendo dilatadas para que tengan un efecto electoral y seguramente el año que viene vamos a ser testigos de algunas decisiones que se debieron haber tomado este año”, aseguró el sociólogo durante la presentación del informe el martes.
Uzcátegui advirtió que la “única contención” contra el abuso de poder es la actuación de los mecanismos internacionales de protección a los DDHH y recordó que el gobierno venezolano ha pedido expresamente que cese la investigación de la CPI.
Respecto a los cambios geopolíticos en la región, Uzcátegui precisó que no lo evalúan el restablecimiento de relaciones con otros Estados como una amenaza sino como una “oportunidad” para intentar que gobiernos con “oídos receptivos en Miraflores”, los ayuden a promover políticas favorables a los DDHH.
“Hemos hecho nuestra la propuesta del presidente Gustavo Petro de que Venezuela tiene que volver a las competencias de la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH”, dijo.
Esta semana el gobierno de Maduro reiteró que algunas organizaciones de DDHH y “víctimas potenciales”, podrían estar siendo instrumentalizadas para convertir a la CPI en un “arma política contra la institucionalidad en Venezuela” y nuevamente negó que en el país se hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
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