El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) pidió a las autoridades cubanas en una audiencia en Ginebra que esclarezca más de dos mil detenciones llevadas a cabo este año en la isla, y que según la oposición responden a un recrudecimiento de la represión.
La noruega Nora Sveaass, que integra el grupo de investigadores independientes del CAT, dijo que el organismo tiene en su poder “denuncias de 2.400 detenciones en 2012, de las cuales 420 ocurrieron en el mes de marzo”.
Según Sveaass,serían “detenciones de corta duración”, y el comité quiere que “Cuba aclare todos los casos”, indicó, aunque en la audiencia, que tuvo lugar este martes y se prolongará hasta mañana miércoles, también salieron a la luz reiteradas denuncias de golpizas y atropellos.
Entre los casos específicos citados sobre los que se recabó información a La Habana está el del disidente Wilman Vilar Mendoza quien cumplía cuatro años de cárcel, y murió el 21 de enero de 2012 tras 50 días de huelga de hambre en la ciudad de Santiago de Cuba.
Otro de los expertos del comité, el español Fernando Mariño, dijo que Cuba debe esclarecer las causas de la muerte del opositor Juan Wilfredo Soto García en mayo de 2011, y confirmar si existe una investigación oficial del deceso ocurrido tres días después de que el disidente denunció que policías le dieron una golpiza.
Durante la audiencia, el experto George Tugushi dijo que la situación de los reclusos en las cárceles de Cuba es de hacinamiento, la comida y la higiene son malas, proliferan las enfermedades, los que protestan reciben palizas, y además se fuerza al exilio a los detenidos.
El CAT demandó a la representación del gobierno de la isla que informara sobre el tratamiento a los detenidos en huelga de hambre, en los casos de Orlando Zapata Tamayo—muerto en 2010-, y de una decena más de presos políticos, entre ellos Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer y Franklin Peregrino.
También mencionaron las denuncias de agresiones y hostigamiento a numerosos disidentes, a las Damas de Blanco, contra Reina Luisa Tamayo tras la muerte de su hijo, Orlando Zapata Tamayo, y contra los blogueros que critican al régimen, incluidos Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo.
Los expertos se pronunciaron contra el hecho de que la tortura no esté tipificada como un delito dentro del Código Penal cubano, que se produzcan detenciones por tiempo indefinido, y abogaron porque en la isla sea abolida de manera efectiva la pena de muerte.
El jefe de la delegación cubana en la audiencia, el vicefiscal general Rafael Pino, refutó las acusaciones y declaró que "los actos de tortura y malos tratos están totalmente prohibidos y constituyen delitos" en la isla.
La Habana sostiene que todos los disidentes son “mercenarios”, y Pino dijo al CAT que los activistas de derechos humanos en la isla no son tales y por lo tanto no pueden ser calificados bajo ese concepto.
Según el alto funcionario cubano, lo que los activistas buscan es destruir el orden interno de Cuba (...), al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera".
La noruega Nora Sveaass, que integra el grupo de investigadores independientes del CAT, dijo que el organismo tiene en su poder “denuncias de 2.400 detenciones en 2012, de las cuales 420 ocurrieron en el mes de marzo”.
Según Sveaass,serían “detenciones de corta duración”, y el comité quiere que “Cuba aclare todos los casos”, indicó, aunque en la audiencia, que tuvo lugar este martes y se prolongará hasta mañana miércoles, también salieron a la luz reiteradas denuncias de golpizas y atropellos.
Entre los casos específicos citados sobre los que se recabó información a La Habana está el del disidente Wilman Vilar Mendoza quien cumplía cuatro años de cárcel, y murió el 21 de enero de 2012 tras 50 días de huelga de hambre en la ciudad de Santiago de Cuba.
Otro de los expertos del comité, el español Fernando Mariño, dijo que Cuba debe esclarecer las causas de la muerte del opositor Juan Wilfredo Soto García en mayo de 2011, y confirmar si existe una investigación oficial del deceso ocurrido tres días después de que el disidente denunció que policías le dieron una golpiza.
Durante la audiencia, el experto George Tugushi dijo que la situación de los reclusos en las cárceles de Cuba es de hacinamiento, la comida y la higiene son malas, proliferan las enfermedades, los que protestan reciben palizas, y además se fuerza al exilio a los detenidos.
El CAT demandó a la representación del gobierno de la isla que informara sobre el tratamiento a los detenidos en huelga de hambre, en los casos de Orlando Zapata Tamayo—muerto en 2010-, y de una decena más de presos políticos, entre ellos Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer y Franklin Peregrino.
También mencionaron las denuncias de agresiones y hostigamiento a numerosos disidentes, a las Damas de Blanco, contra Reina Luisa Tamayo tras la muerte de su hijo, Orlando Zapata Tamayo, y contra los blogueros que critican al régimen, incluidos Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo.
Los expertos se pronunciaron contra el hecho de que la tortura no esté tipificada como un delito dentro del Código Penal cubano, que se produzcan detenciones por tiempo indefinido, y abogaron porque en la isla sea abolida de manera efectiva la pena de muerte.
El jefe de la delegación cubana en la audiencia, el vicefiscal general Rafael Pino, refutó las acusaciones y declaró que "los actos de tortura y malos tratos están totalmente prohibidos y constituyen delitos" en la isla.
La Habana sostiene que todos los disidentes son “mercenarios”, y Pino dijo al CAT que los activistas de derechos humanos en la isla no son tales y por lo tanto no pueden ser calificados bajo ese concepto.
Según el alto funcionario cubano, lo que los activistas buscan es destruir el orden interno de Cuba (...), al servicio y bajo la orientación de una potencia extranjera".
